Buenos Aires - La iniciativa, impulsada por el Gobierno, fue aprobada por 129 votos a favor y 55 en contra por la Cámara de Diputados, que convalidó la decisión que había tomado el Senado por unanimidad en junio del año pasado.
La nueva norma también deroga un decreto dictado durante el gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía (1966-1970), que autorizó al Estado a disponer de "fondos reservados" que pudieron haberse destinado a pagar sobresueldos a funcionarios en la década pasada.
Sostiene que "no existe ninguna razón para mantener normas secretas" en el país y advierte que algunas pudieron haber permitido derivar "fondos públicos" para cometer delitos.
La derogación de las normas secretas es fruto de las denuncias formuladas por una ex funcionaria del Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) según la cual durante su presidencia se pagaron sobresueldos a ministros y secretarios de Estado.
El caso de los sobresueldos es investigado por la Justicia desde hace más de dos años y de acuerdo con un peritaje difundido en el 2005, entre 1989 y 1999 pueden haberse desembolsado unos 4.000 millones de dólares para efectuar esos pagos a funcionarios.
El Ejecutivo argentino recurrió al dictado de leyes secretas hasta que concluyó la última dictadura militar (1976-1983) y desde entonces los gobiernos las reemplazaron por decretos que tampoco pueden darse a conocer públicamente.
Durante la sesión, la diputada oficialista Diana Conti aseguró que "con este gobierno se le empieza a dar control parlamentario" a este tipo de normas, lo que constituye un "avance institucional importante".
La norma aprobada anoche dispone que se hagan públicas las leyes secretas y deroga sólo un decreto gubernamental, el emitido por Onganía. El resto de los decretos secretos dictados por el Ejecutivo no han sido derogados ni se harán públicos.
El legislador de la opositora Unión Cívica Radical Alejandro Nieva calificó la iniciativa de "un espasmo de transparencia" y cuestionó el hecho de que "deja afuera a los decretos" de carácter secreto dictados por el Ejecutivo.
El proyecto también prohíbe al Parlamento la aprobación de leyes secretas en el futuro y establece que los fondos reservados podrán ser usados sólo para gastos de inteligencia y seguridad del Estado, que serán controlados por el Legislativo.
Una vez que la norma sea promulgada, las 146 leyes secretas deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado en un periodo de 60 días. EFE
