21/08/2006 - Buenos Aires - "Esto es la operación política que discrimina entre sectores", aseguró De la Rúa (1999-2001) en declaraciones a radio Continental, al ser consultado por la causa judicial en que está acusado de haber ordenado el pago de millonarias coimas a seis legisladores para la aprobación en 2000 de una polémica reforma laboral.
Las declaraciones del ex jefe de Estado se produjeron tres días después de que una antigua secretaria del ex senador argentino Remo Costanzo, uno de los imputados en la causa, ratificara el pago de los sobornos.
La mujer, llamada Sandra Montero, se presentó a declarar ante el juez Daniel Rafecas y dijo haber visto que su ex jefe recibió 300.000 dólares en abril de 2000, el día posterior a la aprobación de la ley.
Fuentes judiciales afirmaron a medios locales, además, que Montero grabó "con cámaras ocultas" un vídeo que muestra a empleados del Senado vinculados al caso de los supuestos sobornos, caso que en los últimos días ha acaparado las portadas de los principales diarios del país.
Sin embargo, su abogado, Roberto Ribas, dijo hoy que desconoce la existencia de estas grabaciones y negó que Montero haya recibido amenazas después de su declaración.
En declaraciones radiales, el letrado explicó que su clienta decidió declarar seis años después del hecho porque "el juez que se encontraba antes a cargo del caso (Carlos Liporace) no le ofrecía garantías y porque temía ser atacada como Mario Pontaquarto", el primer "arrepentido" que en 2003 confirmó el pago de sobornos.
"Luego hizo una catarsis y me dijo 'no aguanto más' y quiso ir a declarar", explicó Ribas, quien confió además que la relación de Montero y Costanzo "era muy cercana" cuando ambos se desempeñaban en el Parlamento argentino.
Por su parte, De la Rúa dijo que la ex secretaria "no es una arrepentida. Es una testigo que aparece en circunstancias notables, extrañas".
"Yo he estudiado la causa y he demostrado que eso (de los sobornos) no existió. Es una mentira", insistió De la Rúa, quien propuso irónicamente que el juez cite a declarar también al ex vicepresidente argentino Carlos Alvarez.
En octubre de 2000, Alvarez renunció al cargo en rechazo al presunto ocultamiento de pistas para investigar a los implicados.
Sandra Montero le aseguró al juez que Costanzo le comentó que era el encargado de repartir el dinero entre los senadores y que el ex legislador incluso se ofuscó al recibir el dinero porque era "una cantidad menor a la esperada".
El caso por los supuestos sobornos se destapó a mediados de 2000 y marcó el principio del fin del gobierno de Fernando de la Rúa.
En la causa están imputados el ex mandatario, acusado de "cohecho activo"; Fernando de Santibañes, antiguo director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE, servicios secretos), y el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique.
También los ex senadores Costanzo, José Genoud, Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Alberto Tell y Ricardo Branda, y el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, quien afirmó en diciembre del 2003 que retiró 4,3 millones de dólares de la SIDE que se usaron para pagar los sobornos.
La ley de flexibilidad laboral, aprobada por el Senado en medio del tajante rechazo de los sindicatos, respondía a las recomendaciones incluidas en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La dimisión de Alvarez, actual presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, desembocó en una progresiva pérdida de apoyo político que obligó a De la Rúa a abandonar el Gobierno el 20 de diciembre del 2001, en medio de un estallido social y disturbios que dejaron una treintena de muertos. EFE
