Reabren la causa por la desaparición de la joven sueca en la dictadura


La Justicia argentina decidió reabrir la causa por el secuestro y asesinato de la joven sueca Dagmar Hagelin durante la última dictadura (1976-1983), que tiene al ex marino Alfredo Astiz como principal acusado, indicó hoy "Clarín".


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27/08/2006 - Buenos Aires - La causa, que había sido declarada prescrita en 1986, será reabierta por decisión de la Cámara de Casación, que consideró el hecho como un crimen de lesa humanidad.

De esta manera, la Cámara respondió a la apelación para que se investigue el caso de Ragmar Hagelin, el padre de la joven secuestrada en enero de 1977 cuando tenía 17 años.

La joven fue confundida aparentemente con una líder de la agrupación guerrillera Montoneros y, según atestiguaron varias víctimas de la represión, fue vista por última vez con vida en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención durante la dictadura.

La causa será reabierta por decisión de la sala IV de la Cámara de Casación, integrada por lo jueces Amelia Berraz, Ana María Capolupo y Gustavo Hornos.

Como antesala a esta decisión, la Corte Suprema había rechazado el año pasado cerrar la causa, tal como había pedido Astiz, el principal acusado.

Alfredo Astiz, requerido por jueces de España, Francia y Suecia, está detenido desde 2003 tras la reapertura de causas por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA.

También es sometido a juicio en ausencia en Roma por el secuestro y muerte de tres ítalo-argentinos en este país durante el régimen militar que, según los organismos de derechos humanos, dejó como saldo 30.000 desaparecidos.

La cifra oficial de desaparecidos es de 18.000.

El ex marino, apodado "el ángel de la muerte" por las entidades humanitarias, está además acusado por el secuestro y desaparición de varios ciudadanos extranjeros, entre ellos las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.

Las investigaciones por violaciones a los derechos humanos fueron reabiertas después de que el Parlamento argentino anulara en el 2003 las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que en la década de los años 80 beneficiaron a un millar de represores. EFE

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