30/08/2006 - Buenos Aires - Al comparecer como testigo en el juicio oral y público que se le sigue a un ex policía acusado por el secuestro, tortura y asesinato de seis desaparecidos, Alfonsín se alegró de que la nulidad de esas normas permitan actualmente juzgar "a quienes se ampararon en ellas para conseguir impunidad".
"La situación militar durante mi gestión estaba complicada. Había presiones muy duras. No podíamos llevar a mil militares en actividad a proceso, no teníamos la fuerza necesaria. Esto nos llevó a tomar estas medidas", indicó quien gobernó en Argentina entre 1983 y 1989.
Las normas de Obediencia Debida y Punta Final, popularmente conocidas como "leyes del perdón", fueron anuladas en 2003 por el Parlamento el año pasado por la Corte Suprema de Justicia, con lo que se reabrieron numerosas causas por delitos de represión.
"Me niego a decir que fuera extorsionado, pero los militares me hacían conocer la situación de las fuerzas que comandaban y eso me hacía suponer que era necesaria una solución", dijo Alfonsín al justificar la aprobación de las leyes ante los jueces que llevan a cabo desde junio el proceso contra el ex policía Miguel Etchecolatz.
El ex presidente señaló que su Gobierno impulsó esas leyes "con dolor" y para "evitar la interrupción del orden constitucional", y manifestó su agrado por el hecho de que "hoy se pueda hacer justicia".
El juicio a Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires, fue el primero que se inició contra un represor tras la nulidad de las "leyes del perdón".
Pocos días después comenzó otro juicio de similares características que concluyó en agosto con una condena de 25 años de cárcel para el ex policía Julio Simón por la desaparición en 1978 de un matrimonio chileno-argentino y el robo de su hija.
Según datos oficiales, 18.000 desaparecieron en Argentina durante la última dictadura militar, aunque los organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000. EFE
