15/09/2006 - Buenos Aires - La anulación del "perdón" que en 1989 el entonces presidente Carlos Menem otorgó, entre otros, al ex general Santiago Riveros, resuelta hoy por la Cámara de Casación Penal, allana el camino para que la Corte Suprema se expida sobre la legalidad de los indultos, una de las asignaturas pendientes que tiene Argentina en materia de derechos humanos.
Esta es la primera vez que la Cámara de Casación Penal se pronuncia sobre los indultos que, bajo el pretexto de "reconciliar y pacificar" al país, Menem concedió a militares y miembros de las fuerzas de seguridad condenados o acusados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1976-1983).
Hasta el momento, sólo jueces de primera y segunda instancia habían declarado "inconstitucionales" los indultos de varios ex militares y la Corte Suprema había evitado en el 2005 pronunciarse sobre el tema, al argumentar que era la Cámara de Casación Penal la que primero debía emitir su opinión.
Riveros está procesado por "aberrantes delitos" cometidos en el complejo militar de Campo de Mayo, a las afueras de Buenos Aires, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención montados por la dictadura.
El ex general fue comandante de los Institutos Militares en Campo de Mayo, en cuya jurisdicción funcionaba el Hospital Militar, tristemente célebre porque de allí fueron sustraídos una gran cantidad de bebés nacidos en partos clandestinos efectuados durante el cautiverio de sus madres.
Por esa causa, Riveros fue denunciado por integrantes de las Abuelas de Plaza de Mayo que expusieron ante la Justicia un plan sistemático instrumentado por la dictadura para apropiarse de 194 bebés nacidos en cautiverio.
En noviembre del 2004, un juez había anulado el indulto que benefició al ex general, pero en marzo del año siguiente un tribunal de segunda instancia de la localidad bonaerense de San Martín revocó aquella medida.
El expediente llegó entonces a la Corte Suprema, el máximo tribunal del país, que lo remitió a la Cámara de Casación Penal y retrasó una definición sobre el asunto.
Florencio Varela, el abogado de Riveros, rechazó hoy el fallo por considerar que "afecta la seguridad jurídica" y dijo que apelará ante la Corte Suprema.
El ex militar cumple actualmente prisión preventiva por ser considerado uno de los organizadores del Plan Cóndor, como se denominó a la coordinación de las acciones represivas conjuntas de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80.
Riveros había sido condenado a cadena perpetua en el 2000 por un tribunal de Italia que lo enjuició en ausencia por la desaparición de ocho ítalo-argentinos.
El debate sobre la constitucionalidad de los indultos quedó reabierto después de que el Parlamento derogara en el 2003 las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas a mediados de los años 80, que libraron de responsabilidad a más de un millar de represores de la dictadura.
La anulación de estas normas, avalada el año pasado por la Corte Suprema, impulsó la reapertura de numerosas causas por delitos de represión en el último gobierno de facto que, según datos oficiales, dejó 18.000 desaparecidos, cifra que los organismos humanitarios elevan a 30.000.
El presidente argentino, Néstor Kirchner, se sumó en varias ocasiones a la polémica y dijo que "Dios es el único que puede perdonar", aunque aclaró que la "vía judicial" era el único camino para derogar los indultos.
La decisión de la Cámara de Casación Penal se conoció en vísperas del trigésimo aniversario de la "Noche de los Lápices", como se llamó al secuestro y desaparición de siete estudiantes de entre 15 y 18 años, en uno de los peores crímenes de la dictadura. EFE
