19/09/2006 - Buenos Aires - El juez Ariel Lijo procesó a Galeano por los delitos de "peculado" (malversación de fondos públicos), coacción reiterada, falsedad ideológica y prevaricato (dictar fallos contrarios a la ley) durante su actuación en la etapa de pesquisa de la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en la que murieron 85 personas.
El magistrado ordenó además embargar los bienes de Galeano por 3 millones de pesos (un millón de dólares) y los de Anzorreguy, acusado de peculado, por valor de 1,5 millones de pesos (500.000 dólares).
Asimismo Lijo procesó por malversación de fondos al ex titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), a Carlos Telleldín, uno de los principales testigos del caso, y a su abogado, Víctor Stinfale, en tanto que dictó el procesamiento de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia por partícipes del delito de privación ilegal de la libertad.
Lijo investiga las irregularidades en la causa del atentado contra la AMIA, principalmente el pago con fondos públicos al comerciante de autos Carlos Telleldín, sospechado de haber suministrado el coche bomba utilizado en el ataque.
El 23 de junio pasado, al declarar por escrito ante Lijo, Anzorreguy, ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dijo que suministró 400.000 dólares a Galeano, quien los entregó a Telleldín para que incriminara a policías en el ataque perpetuado el 18 de julio de 1994.
Anzorreguy sostuvo que la extracción de fondos de la SIDE fue dispuesta por Galeano por una decisión del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).
Veintidós personas, entre ellas Telleldín y varios ex policías, acusados de complicidad en el atentado de la AMIA, fueron absueltos por falta de pruebas en septiembre del 2004, después de casi tres años de juicio oral y público.
Galeano fue destituido como juez en 2005 por mal desempeño de sus funciones durante la investigación del atentado, que dirigió durante casi una década.
El de la mutualista fue el segundo de los ataques terroristas contra objetivos judíos en Argentina tras el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, cometido el 17 de marzo de 1992 y que causó la muerte de 29 personas.
Ambos hechos fueron atribuidos a organizaciones terroristas islámicas, aunque en ninguno de los dos casos las investigaciones avanzaron hasta lograr la detención de extremistas extranjeros. EFE
