02/10/2006 - Buenos Aires - La amenaza, que se suma a la que en los últimos días recibieron más de veinte jueces y fiscales que investigan causas de derechos humanos, se conoció al cumplirse dos semanas de la desaparición de un albañil de 77 años cuyo paradero se desconoce tras haber testificado contra el represor Miguel Etchecolatz.
En declaraciones a medios locales, el fiscal Carlos Dulau Dumm dijo haber recibido una carta con "un tono amenazante e intimidatorio", similar a la que llegó al despacho del juez Carlos Rozanski, el presidente del tribunal que el pasado día 19 condenó a Etchecolatz por "genocidio".
En el juicio contra el ex comisario fue clave el testimonio de Jorge Julio López, el albañil que, antes de desaparecer misteriosamente, aseguró a los jueces que fue torturado por Etchecolatz durante la última dictadura (1976-1983).
Las autoridades han ofrecido una recompensa de unos 64.000 dólares a quien aporte datos sobre el paradero del testigo, que padece mal de Parkinson y es intensamente buscado por la policía en todo el país.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, quien está al frente del operativo de búsqueda del septuagenario, no ha descartado la posibilidad de que detrás de su desaparición "estén implicados policías".
Por ello ordenó días atrás la jubilación anticipada de 60 efectivos de la fuerza de seguridad bonaerense que actuaron en centros clandestinos de detención montados por la dictadura.
En tanto, el Ejecutivo bonaerense puso en marcha hoy un programa de protección de testigos en causas penales, consensuado días atrás entre Solá y el Gobierno central.
La secretaria general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata, Marta Vedio, consideró hoy que a través de la desaparición de López y las amenazas a jueces y fiscales existe una "enorme presión para el Estado" para obtener un "nuevo punto final".
La letrada, querellante en el juicio contra Etchecolatz, aludía a la ley de Punto Final, aprobada en 1986 y que establecía un límite de tiempo para la acusación y el procesamiento de acusados de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, lo que dejó fuera de proceso a miles de policías y militares.
Esta norma y la de Obediencia Debida (1987) fueron derogadas por el Parlamento en 2003, hecho que impulsó la reapertura de numerosas causas por delitos de lesa humanidad.
La titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, opinó que "una mafia" está detrás de la desaparición de Jorge Julio López.
"Estuvimos amordazados durante veinte años. Uno se cruzaba con los asesinos y no podía hacer nada. Por eso ahora hay una explosión social que hay que controlarla de una manera cerebral", indicó.
Mientras, distintas organizaciones de derechos humanos se manifestaron hoy frente a la Alcaldía de La Plata, donde se llevó a cabo el juicio contra Etchecolatz, para reclamar la aparición con vida del septuagenario testigo. EFE
