04/10/2006 - Ginebra - La organización no gubernamental señaló que hasta el momento "no se conoce ninguna nueva información ni sobre el paradero, ni sobre la integridad personal de Jorge Julio López".
López es un ex detenido-desaparecido y testigo clave en el juicio contra el ex policía y ex director general de Investigaciones de la Bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar de Argentina (1976-1983), recuerda la ONG.
Asimismo señala que el desaparecido iba a presentarse el pasado 18 de septiembre ante las autoridades de la ciudad de La Plata "para presenciar los alegatos de las querellas contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz".
Sin embargo, López no acudió y, desde entonces, a pesar de que su familia y sus allegados han realizado las denuncias e iniciado su búsqueda, "todas las diligencias han resultado infructuosas y no se conoce ninguna otra información" al respecto, dijo la organización.
Asimismo señaló que en los últimos años el Gobierno argentino ha desarrollado una política contra la impunidad, derogando las leyes que protegían a algunos de los autores de graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
La OMCT señaló que aunque "esa política favorece y otorga justicia a las víctimas tras 20 años de espera, también provoca reacciones por parte de ciertos autores de violaciones que pensaban estar a salvo de cualquier castigo o enjuiciamiento".
Agregó que por ello, se teme que López -que testificó contra Etchecolatz por torturas perpetradas contra él mismo- "haya sido víctima de desaparición forzada de parte de antiguos partidarios de la última dictadura militar argentina".
La OMCT considera, según la jurisprudencia permanente, que aunque el Estado no esté directamente implicado por una acción llevada a cabo por sus agentes, él asume a pesar de todo una responsabilidad, en razón de su deber de protección.
La organización precisó que en base a esa obligación, "los actos penalmente punibles cometidos por individuos sin cargo oficial, pueden y deben ser calificados como violaciones de derechos humanos".
Agrega que en este caso y teniendo en cuenta que el actual gobierno argentino desempeña un papel clave en la lucha contra la impunidad y para otorgar justicia a las víctimas, "es evidente que no está implicado activamente en la desaparición" de López.
"Sin embargo, el estado argentino tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos contra toda desaparición forzada y, particularmente, en casos de víctimas vulnerables como es este", agrega la ONG.
La organización pidió una investigación sobre el paradero del desaparecido, así como de los hechos relacionados con las amenazas contra testigos y jueces, y la adopción de medidas para proteger adecuadamente a los testigos y a los jueces a cargo de casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar argentina. EFE
