06/10/2006 - Buenos Aires - "Aquel que tenga responsabilidad tiene que pagar por ello; no hay amnistía que valga", aseguró el ministro del Interior, Aníbal Fernández, al inaugurar un debate sobre políticas municipales en la ciudad de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.
El funcionario salió al paso del reclamo efectuado el jueves en un acto en el que unas 4.000 personas rindieron homenaje a los muertos por la guerrilla durante el gobierno de facto.
El abogado José Sacheri, titular de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y uno de los oradores de la manifestación, pidió "la más amplia amnistía general" para los militares y ex miembros de fuerzas de seguridad procesados por la represión ilegal en la denominada "guerra sucia".
"En los años 70 se vivió una guerra interna. Que el Gobierno dicte una amnistía lo más amplia posible", señaló Sacheri en un acto en el que no faltaron críticas al Gobierno por su política de derechos humanos.
En declaraciones a la prensa, el ministro Fernández recordó que el presidente argentino, Néstor Kirchner, prometió "al pueblo intentar encontrar justicia" en los hechos ocurridos durante la dictadura, que dejó unos 30.000 desaparecidos, según las entidades de derechos humanos.
Respecto a la marcha de los grupos reivindicatorios de la dictadura, sostuvo que se celebró en el marco de "la libertad que garantiza" el gobierno de Kirchner.
"Si hay algo que garantiza este gobierno es la posibilidad de expresarse libremente. No nos tiene que molestar que exista esta posición política distinta", apuntó Fernández.
En el acto participaron además representantes de Argentinos por la Memoria Completa, una agrupación que en mayo pasado organizó un mitin similar que el Gobierno consideró reivindicatorio del terrorismo de Estado y que acabó con cinco oficiales expulsados del Ejército y sumarios para otros seis coroneles retirados.
La manifestación se llevó a cabo en medio de un clima de extrema tensión porque a unos cien metros agrupaciones izquierdistas se concentraron para repudiarla y para exigirle a sus participantes la aparición de un albañil que despareció hace 19 días después de haber testificado en un juicio contra un represor de la dictadura.
La declaración de Jorge López, de 77 años y que sufre mal de Parkinson, fue vital para que un tribunal condenara a prisión perpetua al ex policía Miguel Etchecolatz por "genocidio", en septiembre pasado.
Etchecolatz es el segundo represor sentenciado por la justicia desde que en el 2003, tras la derogación de las denominadas "leyes del perdón" a militares y ex policías, se reabrieron más de 1.000 causas relacionadas con el terrorismo de Estado. EFE
