14/08/2007 - Buenos Aires (EFE).- El juez Marcelo Aguinsky consideró que "por el momento, no estaban fundadas las conjeturas para crear sospecha suficiente" sobre Garré y por tanto dejó sin efecto su citación, informaron fuentes judiciales.
"Resulta indispensable contar con el resultado de muchas" de las pruebas ordenadas "para conjeturar más fundadamente la justificación de un estado de sospecha", consideró el magistrado.
Hace una semana Garré había sido convocada para declarar el 7 de septiembre por el juez Guillermo Tiscornia, quien dos días después fue suspendido para ser sometido a un juicio político por "mal desempeño de sus funciones".
Además de esta resolución, Aguinsky, quien sustituyó a Tiscornia en este expediente, ordenó hoy 16 medidas de prueba, entre ellas un exhorto para que Estados Unidos informe si "el exportador argentino" cumplió con los requisitos que son necesarios en ese país norteamericano para importar armamento.
Garré, a la que se imputa el delito de "contrabando agravado", ha asegurado que no tiene "absolutamente nada que ocultar" y consideró. "sobredimensionado" el tratamiento del asunto por parte de la prensa.
El caso salió a la luz a finales de mayo pasado, cuando el diario argentino La Nación informó sobre la incautación de 6.700 kilos de fusiles automáticos que iban a ser enviados a Estados Unidos por 2.600 dólares como "material de desguace".
En febrero pasado la Aduana argentina denunció que en una operación de exportación de armamento encontró indicios de facturación menor al valor real y rechazó su envío a Estados Unidos.
Tres meses después, el juez Tiscornia abrió una causa por contrabando y ordenó allanamientos en dos dependencias de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) e imputó el delito de "contrabando agravado" a varios funcionarios.
En su dictamen, Tiscornia indicó que en el material bélico decomisado "había tres pares de números mellizos (duplicados), 11 unidades con la numeración limada y cuatro unidades con la identificación ilegible".
Los embarques iban dirigidos a JLD Enterprises, firma con sede en Connecticut (EEUU), cuyo fundador es el argentino José Luis Díaz y que en el 2005 ya había comprado material bélico a la Dirección de Fabricaciones Militares.
La exportación de armamento que frenó la Aduana en febrero último formaba parte de una operación por 330.000 dólares consistente en la venta de partes nuevas, usadas y semielaboradas de fusiles automáticos ligeros y pesados a JLD Enterprises. EFE
