16/08/2007 - Montevideo (EFE).- Los nuevos afectados, que se suman a los al menos nueve reportados a principios de esta semana, trabajan en una empresa argentina que realiza tareas para Botnia en la elaboración de los pisos.
Tres de los trabajadores argentinos se sintieron mal y consultaron al médico que comprobó que habían estado expuestos a tóxicos y debieron pasar a reposo durante 48 horas.
El sindicato de la construcción de Uruguay (Sunca) paralizó sus tareas en la planta de Botnia hasta que en la obra se otorguen las garantías de que no estarán expuestos a tóxicos en ensayos.
Desde el Ministerio de Trabajo de Uruguay se ordenó la detención de tareas en Botnia en razón del accidente con tóxicos del martes.
Los inspectores del Ministerio decretaron que hasta tanto no finalicen los trabajos de investigación, en ese punto de la fábrica no se podrá realizar ninguna prueba de funcionamiento.
La paralización de los trabajos implicará atrasos en el programa original de la empresa para iniciar a producir celulosa a finales de mes o principios de septiembre.
La investigación preliminar de la Inspección de Trabajo del gobierno uruguayo indica que hubo una incorrecta manipulación de "sulfuro de sodio" para la preparación del denominado "licor blanco".
En principio se comprobó que no se tuvo en cuenta la volatilidad del producto y no se trabajó en hermética el manejo del producto volátil.
Los Inspectores de Trabajo han dispuesto no autorizar la continuidad de la preparación del sulfuro de sodio hasta tanto no se garantice el manejo hermético del producto.
Tres vecinas de la ciudad argentina de Gualeguaychú denunciaron el pasado miércoles ante la justicia local que fueron "afectadas" por un derrame de sulfato de sodio ocurrido el martes en la papelera que Botnia construye en Uruguay.
La planta de celulosa, que se alza a orillas del río Uruguay, frente a las costas de la provincia argentina de Entre Ríos, ha provocado un duro enfrentamiento entre los gobiernos de los dos países, que ha llegado hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. EFE