El 1 de abril de 1991: La ley de convertibilidad y su impacto en la economía argentina

El 1 de abril de 1991, entró en vigencia la Ley de Convertibilidad (Ley N° 23.928), una medida que cambiaría drásticamente la estructura económica de Argentina. Durante más de una década, el país vivió bajo un régimen que establecía una relación cambiaria fija entre el peso argentino y el dólar estadounidense: 1 dólar = 10.000 australes (o más tarde, 1 peso convertible). Esta ley, impulsada por el entonces presidente Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo, tuvo un impacto que trasciende generaciones, transformando tanto la economía como la percepción de la moneda nacional.

La premisa fundamental de la ley era garantizar estabilidad económica en un país que había sufrido devaluaciones constantes y una inflación galopante durante los años previos. En la teoría, la convertibilidad brindaba la seguridad de que la moneda nacional estaría respaldada por reservas en divisas extranjeras, evitando así la impresión descontrolada de dinero y ofreciendo una paridad estable con el dólar. De esta manera, la emisión monetaria quedaba limitada al crecimiento de las reservas del Banco Central, lo que prometía un control fiscal estricto y predecible.

"El uno a uno" se convirtió en una frase emblemática que representaba esta nueva realidad económica, caracterizada por una relación de igualdad entre el peso y el dólar, un concepto que fue aclamado por unos y criticado por otros. Si bien la convertibilidad estabilizó la inflación y permitió el crecimiento económico durante los primeros años, también creó graves desequilibrios, como el aumento de la deuda externa y la dependencia de la economía argentina respecto al dólar estadounidense.

Durante su vigencia, el país experimentó crecimiento económico y una aparente estabilidad, pero también se incrementó la desigualdad social y la concentración de la riqueza, en un contexto de crecimiento en el desempleo y precarización laboral. La convertibilidad permitió que las importaciones fueran más baratas, lo que benefició a algunos sectores, pero perjudicó a la industria nacional, que no pudo competir con los productos extranjeros más baratos.

El régimen de convertibilidad también se vio acompañado por un proceso de privatizaciones masivas de empresas estatales, que generaron controversia y enfrentamientos con sindicatos y organizaciones sociales. A medida que los años pasaban, el modelo de convertibilidad mostró sus debilidades, y a principios de los 2000, la economía argentina comenzó a mostrar signos de agotamiento.

La falta de flexibilidad en el tipo de cambio, unida a la creciente deuda externa y la imposibilidad de generar un crecimiento sostenido, provocaron la crisis económica de 2001. El corralito bancario, las protestas masivas y la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, marcaron el fin de la Ley de Convertibilidad, que fue derogada el 6 de enero de 2002, poniendo fin a una de las etapas más controvertidas de la historia económica del país.

Hoy, al cumplirse 34 años de su implementación, la Ley de Convertibilidad sigue siendo tema de debate. Algunos sostienen que su aplicación fue necesaria en su momento para estabilizar la economía, mientras que otros consideran que fue una solución temporal que, al no adaptarse a las cambiantes realidades globales, condujo a una profunda crisis que afectó a millones de argentinos. Lo cierto es que este régimen dejó una huella indeleble en la memoria colectiva, y sus lecciones siguen presentes en el debate económico contemporáneo.