POLíTICA | Los detalles del proyecto de ley

Cámaras de seguridad en el trabajo: El proyecto bonaerense que busca limitar el control sobre los empleados

El Senado bonaerense avanzó en comisiones con una iniciativa que restringe la videovigilancia laboral a la seguridad y la prevención de riesgos. La propuesta prohíbe utilizar las imágenes para medir la productividad o evaluar el desempeño e incluye tanto al sector público como al privado, incluso en el teletrabajo.

Cámaras de seguridad en el trabajo

Cámaras de seguridad en el trabajo

Hace 34 minutos.

El uso de cámaras de seguridad en los lugares de trabajo podría tener nuevas restricciones en la provincia de Buenos Aires. La comisión de Derechos Humanos y Garantías del Senado provincial dio despacho favorable a un proyecto de ley que busca proteger la intimidad y la dignidad de los trabajadores y establecer límites al uso de imágenes dentro de los ámbitos laborales.

La iniciativa fue presentada por el senador Pedro Borgini, de Fuerza Patria, y establece que los dispositivos de videovigilancia solo podrán utilizarse con fines de seguridad y prevención de riesgos laborales. En consecuencia, plantea prohibir que las grabaciones se empleen para controlar el rendimiento, medir la productividad o evaluar el desempeño de los empleados.

El proyecto ya obtuvo despacho en dos comisiones y todavía necesita el aval de Legislación General para quedar en condiciones de ser tratado en el recinto del Senado. Por lo tanto, aún no es una ley vigente.

Qué cambiaría con la regulación de las cámaras laborales

El texto propone que las reglas alcancen a los empleadores del sector público y privado de la provincia de Buenos Aires. La definición de ámbito laboral es amplia: comprende espacios físicos y virtuales en los que exista una relación de dependencia.

Esto incluye oficinas, fábricas, comercios y también las modalidades de teletrabajo contempladas en la iniciativa.

El objetivo es delimitar la finalidad de la videovigilancia y evitar que una herramienta destinada a proteger personas y bienes se transforme en un mecanismo de supervisión permanente de los trabajadores.

Información previa y límites a la videovigilancia

Uno de los puntos centrales del proyecto es la obligación de informar a los trabajadores sobre la existencia de cámaras. Según el articulado, el empleador deberá comunicar de manera previa y clara dónde están ubicados los dispositivos, cuál es su finalidad y durante cuánto tiempo se conservarán las imágenes.

La propuesta también establece principios rectores para la instalación y utilización de estos sistemas, entre ellos:

El proyecto designa al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires como autoridad de aplicación, es decir, el organismo responsable de implementar la eventual normativa.

Qué plantea sobre la inteligencia artificial y el reconocimiento facial

La iniciativa también incorpora restricciones para el uso de tecnologías de inteligencia artificial aplicadas a la videovigilancia laboral. Entre los mecanismos que busca limitar se encuentran la identificación biométrica, el reconocimiento facial y los sistemas que permitan evaluar el rendimiento de los empleados a partir de imágenes.

El planteo apunta a impedir que las cámaras se conviertan en herramientas de análisis automatizado del comportamiento o de la productividad de los trabajadores.

Los argumentos detrás del proyecto

Borgini fundamentó la propuesta en la expansión de los sistemas de videovigilancia y en la necesidad de establecer un equilibrio entre la protección de las personas y los bienes y los derechos de quienes trabajan.

En los fundamentos, el senador advirtió sobre la tensión entre las necesidades de seguridad y el respeto por la dignidad y la intimidad en el ámbito laboral.

La discusión legislativa buscará definir hasta dónde pueden utilizarse las cámaras dentro de los espacios de trabajo y qué garantías deben tener los empleados frente a esos mecanismos de control.

El próximo paso será el tratamiento en la comisión de Legislación General. Si obtiene el despacho restante, el proyecto quedará habilitado para llegar al recinto del Senado bonaerense, donde deberá ser debatido y votado antes de convertirse eventualmente en ley.

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