La retención de tareas en ARBA mantiene paralizados expedientes clave desde febrero. Ingenieros, agrimensores, escribanos y contribuyentes denuncian pérdidas económicas, demoras extremas y operaciones inmobiliarias que no pueden cerrarse.
El conflicto en la Dirección Provincial de Catastro Territorial de Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ya genera un fuerte efecto dominó sobre el mercado inmobiliario bonaerense. Desde fines de febrero, la retención de tareas impulsada por Asociación de Trabajadores del Estado mantiene demorados trámites esenciales y complica operaciones inmobiliarias, créditos y escrituras en toda la provincia.
La situación fue cuestionada con dureza por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió que el organismo se encuentra “virtualmente paralizado” y que la falta de resolución política está afectando seriamente la actividad profesional y económica.
Catastro es una pieza clave para validar mensuras, registrar estados parcelarios y habilitar operaciones inmobiliarias. Sin esos procesos activos, se frenan escrituras, subdivisiones, créditos y regularizaciones de propiedades.
Desde el sector profesional aseguran que el impacto ya es crítico. “Sin la aprobación de planos ni registración de estados parcelarios, el profesional queda imposibilitado de concluir su labor”, señalaron desde el Colegio de Ingenieros.
La consecuencia inmediata es una creciente cantidad de operaciones inmobiliarias detenidas. Agrimensores y escribanos denuncian que no pueden avanzar con escrituras debido a la falta de informes actualizados y aprobaciones técnicas. Además, créditos hipotecarios y operaciones financiadas quedaron suspendidos porque no logran completar el circuito legal obligatorio.
A esto se suma una fuerte caída en la capacidad operativa del organismo. Según profesionales del sector, actualmente se estarían aprobando apenas 18 estados parcelarios por día en toda la provincia, una cifra considerada mínima frente al volumen habitual de trámites.
El conflicto se complejiza porque no se trata de un paro total, sino de retenciones parciales de tareas que ralentizan el funcionamiento y multiplican las demoras. Trámites que normalmente demandaban unos 15 días hábiles ahora llegan a extenderse por casi dos meses.
Mientras tanto, los trabajadores continúan reclamando mejoras salariales y realizaron asambleas y protestas en la sede central del organismo en La Plata. Desde el sector sostienen que los salarios perdieron fuerte poder adquisitivo y advierten que podrían profundizarse las medidas de fuerza.
El CIPBA también apuntó contra la conducción política y gremial, al considerar que el conflicto terminó transformando a un organismo recaudatorio en un freno para la circulación de capitales y el desarrollo económico bonaerense.