Juristas y referentes de Derechos Humanos acusan a la senadora santafesina de impulsar una iniciativa "intimidatoria" contra profesionales que asisten a víctimas. También cuestionan la falta de estadísticas que respalden la reforma.
La senadora nacional Carolina Losada quedó en el centro de una fuerte polémica judicial y política luego de que un grupo de juristas, académicos y referentes de Derechos Humanos presentara una denuncia penal en su contra por el proyecto de ley que busca endurecer las penas por “falsas denuncias” en casos de abuso infantil y violencia de género.
La presentación sostiene que la iniciativa legislativa podría constituir una forma de coacción e intimidación hacia médicos, psicólogos, trabajadores sociales y profesionales que intervienen en denuncias vinculadas a víctimas de violencia.
Entre quienes impulsaron la denuncia aparecen figuras reconocidas como el exjuez Carlos Rozanski, la investigadora Dora Barrancos, además de referentes históricos de derechos humanos como Taty Almeida y Nelly Minyersky.
Según los denunciantes, el proyecto presentado por Losada no cuenta con evidencia estadística sólida que justifique una reforma penal de semejante alcance.
Para respaldar esa postura citaron datos del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, que habría analizado más de 8 millones de causas entre 2023 y 2025.
De acuerdo con ese informe, las denominadas falsas denuncias representarían apenas el 0,09% del total de expedientes penales, es decir, aproximadamente un caso cada 1.098 investigaciones.
Para los especialistas, esos números desmienten la existencia de un fenómeno generalizado y refuerzan la idea de que el proyecto podría generar un efecto contrario: desalentar denuncias reales de abuso o violencia de género.
La iniciativa de Losada ya venía generando un fuerte debate público por el impacto que podría tener en causas sensibles vinculadas a violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil y denuncias de género.
Desde sectores feministas y organismos de derechos humanos sostienen que endurecer las penas por denuncias falsas podría provocar miedo en las víctimas y obstaculizar el acceso a la Justicia.
En paralelo, defensores del proyecto argumentan que también es necesario sancionar con firmeza las acusaciones falsas que destruyen reputaciones y afectan procesos judiciales.
El caso suma ahora un nuevo capítulo judicial y político que promete ampliar la discusión sobre el equilibrio entre la protección de las víctimas y las garantías legales dentro del sistema penal argentino.
Foto: Grupo Provincia