El Gobierno denunciará penalmente a cinco empresas por actividades hidrocarburíferas en Malvinas

El Gobierno nacional anunció una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte y, en paralelo, ordenó incorporar como prioridad en el Presupuesto 2027 una serie de proyectos destinados a reforzar las capacidades estratégicas del Estado.

La presentación judicial será realizada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.

Según informó oficialmente la Oficina del Presidente, la medida apunta a empresas que presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el Reino Unido para realizar tareas de exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

Qué empresas serán denunciadas

La denuncia alcanzará a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.

También quedarán comprendidas sus accionistas Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

El Gobierno sostiene que las licencias involucradas fueron otorgadas por el Reino Unido y que las actividades vinculadas con ellas podrían vulnerar las disposiciones de la Ley 26.659, legislación argentina relacionada con actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental.

La presentación también alcanzará, según el comunicado oficial, a directores, gerentes, síndicos, administradores, representantes, mandatarios y demás personas que hubieran intervenido en los hechos que se investiguen.

Por qué el Gobierno lleva el caso a la Justicia

La Casa Rosada presentó la denuncia como una herramienta para proteger los recursos naturales argentinos y defender los derechos soberanos sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes.

El argumento oficial es que el Estado debe utilizar las herramientas jurídicas e institucionales disponibles para impedir que terceros desarrollen actividades sobre recursos que la Argentina considera propios.

En ese marco, el Gobierno anticipó que continuará investigando y promoviendo las acciones que considere necesarias frente a actividades que, según su interpretación, puedan afectar los derechos soberanos argentinos.

La denuncia no implica por sí misma una condena contra las empresas señaladas: será la Justicia la que deberá analizar los hechos y determinar las eventuales responsabilidades que correspondan.

La otra medida: la Base Naval Integrada entra en las prioridades del Presupuesto 2027

El anuncio judicial llegó acompañado por una segunda decisión.

El presidente Javier Milei firmó una instrucción dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que en la elaboración del Proyecto de Presupuesto Nacional 2027 se priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos considerados estratégicos para la Seguridad Nacional.

El proyecto de Presupuesto deberá ser enviado al Congreso el 15 de septiembre, de acuerdo con el comunicado oficial.

La instrucción busca que las inversiones vinculadas con infraestructura estratégica tengan un lugar prioritario dentro de las previsiones presupuestarias del próximo ejercicio.

Una estrategia que combina recursos y capacidad estatal

Las dos decisiones anunciadas por el Gobierno tienen un punto en común: la defensa de los intereses soberanos argentinos no quedaría limitada al plano diplomático.

Por un lado, la Casa Rosada recurrirá a la vía judicial para cuestionar actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte.

Por otro, pretende fortalecer la capacidad material del Estado mediante infraestructura naval y otros proyectos estratégicos.

La Oficina del Presidente encuadró ambas medidas dentro de una política destinada a fortalecer las capacidades estatales para defender el territorio, proteger los recursos naturales y resguardar los intereses estratégicos de la Argentina.

Así, el Gobierno busca combinar instrumentos legales, institucionales y presupuestarios en una agenda que vuelve a colocar a Malvinas, los recursos naturales y la seguridad nacional en el centro de su política exterior y estratégica.

Foto: La Nación