El Gobierno endurece su postura ante el paro portuario: Intimó a más de 500 prácticos

El Gobierno nacional dio un paso más en el conflicto que afecta a los principales puertos del país al intimar a 536 prácticos y pilotos a retomar de inmediato sus funciones. La decisión, ejecutada por la Prefectura Naval Argentina (PNA), busca restablecer la navegación luego del paro por tiempo indeterminado que mantiene demorados más de 100 barcos.

La fuerza de seguridad advirtió que quienes no acaten la orden podrían enfrentar sumarios administrativos e incluso denuncias penales, al considerar que la interrupción del servicio compromete la seguridad de la navegación y afecta el transporte por agua.

Qué originó el paro en los puertos

La medida de fuerza comenzó tras la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger.

La norma introduce una profunda reforma del sistema de practicaje y pilotaje, eliminando regulaciones vigentes desde hace más de tres décadas. Entre los principales cambios se destacan la apertura del registro de profesionales, la libertad para contratar prestadores, la posibilidad de fijar topes tarifarios, la eliminación de restricciones geográficas para la actividad y una mayor flexibilización operativa.

La postura del Gobierno y la respuesta de los gremios

Desde la administración de Javier Milei sostienen que la desregulación apunta a reducir costos logísticos, aumentar la competitividad y agilizar el comercio exterior, especialmente en la Hidrovía, una vía estratégica para las exportaciones argentinas.

Los gremios marítimos y portuarios, en cambio, denuncian que el decreto modifica condiciones laborales históricas, afecta derechos adquiridos y fue implementado sin diálogo previo con el sector. Por ese motivo mantienen el paro en todos los puertos del país y exigen la suspensión de la medida.

Un conflicto con fuerte impacto económico

La paralización de las tareas de practicaje y pilotaje afecta el ingreso y salida de buques que transportan granos, combustibles, insumos industriales y otras mercaderías, generando demoras en las operaciones de exportación e importación.

Mientras el Gobierno busca normalizar la actividad mediante intimaciones y posibles sanciones, el conflicto continúa abierto y mantiene en tensión a uno de los sectores más importantes para la economía argentina.