El peronismo impulsa una ley para frenar los desalojos en barrios populares durante 10 años

La Legislatura bonaerense podría volver a discutir una herramienta para proteger a las familias que viven en barrios populares. La diputada Cintia Romero, del bloque Fuerza Patria, presentó un proyecto de ley que propone suspender durante 10 años los desalojos en villas y asentamientos populares registrados en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa plantea restablecer la aplicación del artículo 70 de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, que contempla la suspensión de desalojos mientras el Estado avanza con procesos de integración urbana y soluciones habitacionales.

Según explicó Romero, la protección provincial dejó de operar después de que venciera la última prórroga a fines de 2019. Desde entonces, la cobertura de las familias quedó sostenida principalmente por una normativa nacional vinculada con la regularización dominial y la integración socio-urbana.

Qué propone el proyecto

El proyecto busca establecer una protección provincial autónoma y estable durante una década. Para Romero, el actual esquema nacional presenta limitaciones porque alcanza a los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), cuyo universo no coincide necesariamente con el registro provincial.

La diputada sostiene que esta situación genera un escenario de inseguridad jurídica para numerosas familias bonaerenses y plantea que la Provincia cuente con una herramienta propia para evitar desalojos mientras continúan los procesos de urbanización.

La propuesta también contempla las excepciones previstas en el artículo 70 bis, incorporado en 2017. De esta manera, quedarían contempladas las situaciones en las que exista un peligro real e inminente para la integridad física de las personas, como riesgos sanitarios o de derrumbe. En esos casos, el Estado debe avanzar con la relocalización y una solución habitacional definitiva.

Por qué plantean un plazo de 10 años

Romero justificó la duración de la medida en la necesidad de dar previsibilidad y continuidad a los procesos de integración socio-urbana. Según argumentó, las prórrogas de corto plazo pueden generar períodos sin protección y dejar la situación atada a los tiempos de la actividad legislativa.

El plazo propuesto busca, además, brindar mayor seguridad jurídica a las familias, previsibilidad para los jueces que intervengan en eventuales procesos de desalojo y un período suficiente para que el Estado pueda desarrollar políticas de urbanización y acceso a la vivienda.

El proyecto deberá ahora avanzar en el ámbito de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde se discutirá si la protección contra los desalojos en barrios populares vuelve a contar con un régimen específico a nivel provincial.