La Agencia de Recaudación y Control Aduanero amplió la denuncia penal contra las máximas autoridades de la AFA y habló de un presunto esquema sistemático de evasión tributaria mediante facturación apócrifa. La investigación ya apunta a movimientos por casi $300 millones.
La tensión judicial escala sobre la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. La ARCA amplió este viernes la denuncia penal contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, a quienes ahora acusa de integrar una presunta “asociación ilícita fiscal”.
La presentación fue realizada ante el juez Diego Amarante, quien investiga a los dirigentes por supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. Según la ampliación de la denuncia, el perjuicio económico investigado pasó de unos $19 millones iniciales a cerca de $300 millones.
De acuerdo con el escrito impulsado por el titular de ARCA, Andrés Vázquez, existirían “indicios graves, precisos y concordantes” de un esquema sistemático de evasión tributaria basado en el uso de facturación apócrifa para ocultar el destino real de fondos y reducir cargas impositivas.
La investigación quedó incorporada al expediente CPE 1182/2025 y pone el foco sobre operaciones realizadas entre 2023 y 2025, especialmente vinculadas al predio que la AFA posee en Ezeiza.
Según ARCA, las maniobras habrían generado un daño fiscal estimado en $289.336.519,66.
Además de Tapia y Toviggino, la investigación también menciona al secretario Víctor Blanco Rodríguez, al dirigente Cristian Malaspina y al director general Gustavo Lorenzo.
La denuncia sostiene que varias de las empresas involucradas en las operaciones investigadas figuraban dentro de la base de contribuyentes considerados “no confiables” por el organismo recaudador.
ARCA llegó a estas conclusiones tras una serie de fiscalizaciones y cruces de información bancaria y de facturación electrónica realizados sobre movimientos económicos vinculados a la entidad madre del fútbol argentino.
El organismo también solicitó que los dirigentes involucrados sean citados a declaración indagatoria y pidió que la Justicia profundice el análisis sobre toda la estructura financiera utilizada en las operaciones bajo sospecha.
Desde ARCA consideran que el uso de facturas irregulares no habría sido un hecho aislado, sino un mecanismo repetido durante distintos ejercicios fiscales consecutivos.
La causa abre un nuevo frente judicial para la conducción de la AFA y suma presión sobre una de las estructuras más poderosas del fútbol argentino, en un contexto donde crecen las investigaciones sobre maniobras económicas y financieras en distintas instituciones deportivas del país.