Revés para el Gobierno: La Justicia suspendió el ajuste del INTA que incluía despidos y cierres

La Justicia Federal le puso un freno a uno de los planes de reorganización más controvertidos impulsados por el Gobierno nacional. A partir de una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), un juzgado federal suspendió por seis meses la aplicación de la reforma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que contemplaba cierres de dependencias, reducción de áreas operativas y posibles despidos.

La decisión representa un duro revés para las autoridades del organismo y para la estrategia de ajuste que buscaba avanzar sobre la estructura territorial y administrativa del instituto, considerado una pieza clave para el desarrollo científico y tecnológico del sector agropecuario argentino.

Qué medidas quedaron suspendidas

La resolución judicial bloquea la implementación de la Resolución 20/2026, promovida por la conducción del INTA, encabezada por Nicolás Bronzovich.

Entre las medidas que quedaron paralizadas se encuentran:

• El cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA).
• La eliminación de nueve agencias territoriales.
• Los traslados de trabajadores.
• Los pases a disponibilidad.
• Las desvinculaciones de personal técnico.
• La transferencia, venta o subasta de inmuebles y equipamiento del organismo.

De esta manera, el instituto deberá mantener su estructura actual hasta que se resuelva el fondo de la cuestión judicial.

Los argumentos de la Justicia

El fallo fue dictado por el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín.

Al fundamentar la medida cautelar, el magistrado sostuvo que la resolución presenta "indicios de arbitrariedad e ilegalidad", al considerar que existen dudas sobre los fundamentos utilizados para justificar la reestructuración y sobre la aplicación de determinadas normas administrativas.

Además, advirtió que los cambios proyectados podrían afectar áreas sensibles vinculadas a la investigación agropecuaria, la agricultura familiar, el desarrollo tecnológico, la seguridad alimentaria y la estabilidad laboral de los trabajadores estatales.

Un organismo clave para el campo argentino

La decisión judicial reabre el debate sobre el futuro del INTA, una institución con presencia en todo el país y reconocida por su trabajo en investigación, innovación tecnológica y asistencia técnica a productores agropecuarios.

Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de avanzar con reformas para reducir gastos y optimizar estructuras, trabajadores, investigadores y organizaciones vinculadas al sector advierten sobre el impacto que podrían tener los recortes en la generación de conocimiento y en el acompañamiento a productores de distintas regiones.

Por ahora, la Justicia decidió congelar cualquier modificación y otorgó un plazo de seis meses durante el cual el plan de ajuste no podrá ejecutarse.