Universidades y Gobierno acercan posiciones, pero una condición frena el acuerdo por el presupuesto

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo. En una reunión reservada realizada esta semana, funcionarios del Ejecutivo presentaron una propuesta de mejora presupuestaria que incluye aumentos salariales, refuerzo de becas estudiantiles y mayores recursos para hospitales universitarios, aunque el ofrecimiento quedó condicionado a un punto que generó un fuerte rechazo en el sector académico.

La iniciativa fue presentada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ante representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el objetivo de encontrar una salida al conflicto que derivó en las masivas movilizaciones universitarias de los últimos meses.

Qué ofrece el Gobierno

La propuesta contempla una recomposición salarial del 24,3% para docentes y trabajadores universitarios, destinada a compensar parte de la pérdida de poder adquisitivo acumulada entre 2024 y 2026.

El esquema prevé un incremento del 21,3% en junio y otro 3% en octubre, además de la creación de una comisión técnica para analizar diferencias salariales pendientes de años anteriores.

A su vez, el Ejecutivo propuso:

• Aumento del 50% en las becas Manuel Belgrano.
• Actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades.
• Refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios.
• Reapertura de las negociaciones paritarias cada tres meses.

Las autoridades universitarias también aguardan definiciones sobre la distribución de una partida superior a $79.000 millones destinada a hospitales universitarios, cuyos fondos continúan siendo motivo de discusión.

El punto que trabó las negociaciones

Pese a que en el ámbito universitario varios sectores calificaron la oferta como "razonable", el avance hacia un acuerdo quedó frenado por una condición planteada por el Gobierno: que las universidades retiren la demanda judicial presentada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La normativa, aprobada por el Congreso, establece mecanismos de actualización para salarios y becas vinculados a la evolución de la inflación. Según estimaciones, su aplicación implicaría una erogación cercana a 2,5 billones de pesos, cifra que el Ejecutivo considera incompatible con su objetivo de sostener el superávit fiscal.

La respuesta de los rectores

Desde el CIN rechazaron de manera categórica la posibilidad de desistir de la acción judicial y remarcaron que la presentación constituye una herramienta institucional para resguardar los recursos del sistema universitario.

"Eso no va a suceder de ninguna manera", señalaron fuentes universitarias tras el encuentro, al tiempo que sostuvieron que la propia propuesta oficial demuestra que existen recursos para atender parte de los reclamos planteados.

Mientras tanto, desde el Gobierno consideran que la negativa de las universidades dificulta cerrar definitivamente el conflicto y avanzar hacia un acuerdo integral.

Con posiciones todavía distantes en el plano judicial, las negociaciones continúan abiertas en busca de una solución que garantice el funcionamiento de las universidades públicas sin comprometer las metas fiscales de la administración de Javier Milei.