24/08/2006 - Buenos Aires - El documento, que fue elaborado conjuntamente por el Gobierno argentino, el de Buenos Aires y el de la provincia homónima, dispone la creación de un comité habilitado para impulsar obras de saneamiento en el río.
El programa establece además que ese organismo deberá contar con poder de policía para sancionar a empresas que incumplan con los parámetros ambientales en el Riachuelo, que está contaminado desde hace 120 años.
Ante la desidia de sucesivos gobiernos, en junio pasado el máximo tribunal judicial del país ordenó a las autoridades y a 44 grandes empresas que en un plazo de 30 días presenten un plan de saneamiento para el curso de agua que separa Buenos Aires de su conurbano.
Según informó la Secretaría de Medio Ambiente argentina, el texto presentado hoy a la Corte Suprema incluye "un resumen ejecutivo" con un diagnóstico de la cuenca y precisiones sobre los ejes en que se centrarán las obras de saneamiento.
Además, fuentes del organismo adelantaron que en los próximos días el Ejecutivo presentará un proyecto de ley al Parlamento para declarar la emergencia ambiental en el Riachuelo, que es protagonista de innumerables tangos.
Según estudios realizados por la Defensoría del Pueblo de Argentina, el río alberga unos 140 basureros clandestinos, además de poseer concentraciones de mercurio, cinc, plomo y cromo 50 veces superiores al máximo permitido.
El curso de agua, en cuyas riberas proliferan cientos de industrias de todo tipo y numerosos barrios de chabolas, tiene porcentajes de la dañina bacteria Escherichia coli que son similares a los de una cloaca.
En junio la Corte Suprema también ordenó a las petroleras hispano-argentina Repsol-YPF, la holandesa Shell y la brasileña Petrobras, la alimentaria francesa Danone y la alemana Mercedes Benz, entre otras empresas, a informarle sobre los líquidos que sus plantas arrojan al Riachuelo.
El alto tribunal intervino a raíz de demandas de un grupo de vecinos contra el Estado, los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, la capital argentina y varias compañías, a los que exigen indemnizaciones por daños y perjuicios y la creación de un fondo para el saneamiento ambiental.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el 2004 vivían en la cuenca del río unos 4,8 millones de personas, de las cuales el 55 por ciento carece de cloacas y el 35 por ciento no tiene acceso al agua potable. EFE
