24/08/2006 - Buenos Aires - El caso, que además involucra a un ex ministro de Trabajo y un antiguo secretario parlamentario que se declaró "arrepentido", mostró "la crisis más aguda de la vida institucional" del país desde el regreso de la democracia, en 1983, subrayó en su petición el fiscal Federico Delgado.
En el escrito de 54 hojas presentado ante el juez Daniel Rafecas, que el martes cerró la instrucción de este proceso, destacó que el presunto delito se cometió "en el Parlamento y la Presidencia, en los centros donde 'vive' la democracia (...) porque allí debaten, mejor dicho debían debatir, los representantes del pueblo".
El juez ha dejado en suspenso la situación procesal del ex presidente Fernando de la Rúa, quien gobernaba el país cuando se descubrió el caso y está acusado de pagar los sobornos, al igual que los ex funcionarios y uno de los legisladores.
Si De la Rúa (1999-2001) fuera procesado por este expediente, podrá ser sometido a un juicio oral por separado, según fuentes judiciales.
Delgado reclamó hoy que "se eleve a la instancia del juicio oral" el expediente que Rafecas concluyó con autos de procesamiento contra el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, del ex jefe del servicio de inteligencia del Estado Fernando de Santibañes y del ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto por "cohecho activo" (pago de sobornos).
También están bajo proceso el ex senador José Genoud, de la Unión Cívica Radical, segunda fuerza parlamentaria del país, por el mismo delito que se imputa a los ex funcionarios, y Augusto Alasino, Emilio Cantarero, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda, ex legisladores peronistas, acusados de cobrar los sobornos.
Todos los autos de procesamiento han sido confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones.
El fiscal Delgado remarcó que hubo un "pacto ilegal" entre los acusados para que el Senado convirtiera en ley una reforma laboral tajantemente rechazada por los sindicatos y que seguía las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El caso se destapó con un escándalo a mediados del 2000 y marcó el principio del fin del gobierno de De la Rúa al provocar la renuncia de su vicepresidente, Carlos Alvarez, en octubre de ese año, en señal de rechazo al presunto ocultamiento de pistas para investigar a los implicados.
Las actuaciones dieron un giro en el 2003, cuando Pontaquarto se declaró "arrepentido" y afirmó haber retirado 4,3 millones de dólares de la Secretaría de Inteligencia del Estado que se usaron para pagar los sobornos.
Al testimonio de Pontaquarto, el juez Rafecas sumó para cerrar la etapa de instrucción los rastreos de llamadas telefónicas entre los encausados y las declaraciones de Sandra Montero, una antigua secretaria del ex senador Costanzo.
La mujer se presentó la semana pasada ante el magistrado y dijo haber visto que su ex jefe recibió 300.000 dólares en abril del 2000, un día después de aprobarse la ley, y sostuvo que Costanzo le comentó que era el encargado de repartir el dinero entre los senadores. EFE
