03/09/2006 - La Asociación Argentina de Aeronavegantes reclama una política aerocomercial seria y segura como derecho de los trabajadores aeronáuticos, de los usuarios y de la sociedad argentina en su conjunto.
La salida de la fuerza Aérea del control de la Aviación Civil no garantiza que se mejoren las condiciones de seguridad. Hay que atacar las causas y no sólo los efectos de la falta de seguridad.
La verdadera causa es el desfinanciamiento sistemático de la seguridad aérea y de la infraestructura aereoportuaria.
La nefasta privatización de los aeropuertos hecha por decreto del presidente Menem, estableció que la renta obtenida por la privatización (un canon de 171 millones de dólares anuales) debía invertirse en seguridad en el sistema aeroportuario. Sin embargo, el consorcio Aeropuertos Argentina 2000 que lidera Eduardo Eurnekian no pagó el canon desde 1998, convirtiéndose en el mayor deudor del Estado Nacional.
Eurnekian convirtió a los aeropuertos en "shoppings", mientras se descuidaban las pistas, los radares, la prevención de incendios e incidentes y el mantenimiento general de la infraestructura aeroportuaria.
No es la Fuerza Aérea Argentina, en todo caso, la única responsable de la pérdida de seguridad aérea, sino la privatización, la desregulación, la presión industrial, la corrupción y el desfinanciamiento de la actividad aerocomercial en la Argentina.
Como ante otros padecimientos de nuestra sociedad, los enemigos de la seguridad aérea están a la vista y no quieren ser controlados: la corrupción y el narcotráfico requieren un sistema de seguridad frágil. Los que proponen una política de "cielos abiertos" y una legislación a medida de las líneas aéreas norteamericanas y sus socios en Sudamérica (Lan Chile), serán también responsables de su precarización.
La seguridad es un sistema en el que debe cuidarse toda la cadena de responsabilidades.
El cuestionado Subsecretario de Transporte Aerocomercial Ricardo Cirielli, que propició la fallida LAFSA subsidiada con dineros públicos cuyo destino es objeto de investigación por parte de la Justicia, que financió a Southern Winds también con dinero de los contribuyentes y mano de obra gratis pagada por el Estado, que concedió rutas a aerolíneas “de papel” y llevó a Aerolíneas Argentinas al borde del colapso mientras favoreció a las líneas aéreas extranjeras, no parece ser el indicado para regular y controlar la actividad aérea.
Los usuarios, los trabajadores y la sociedad toda, deben preguntarse acerca de si la cartera estatal en la que opera ese funcionario público; único del actual gobierno que a resultas de su irregular desempeño acumula ya dos dictámenes desfavorables de la Oficina Anticorrupción y múltiples causas penales en trámite, al haber sido denunciado reiteradamente por la presunta comisión de diversos ilícitos entre los que figuran: amenazas a particulares, coacción sindical, falsificación de instrumento público en dos causas judiciales, defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público; es la que garantizará la seguridad aérea o será, en cambio, la que termine definitivamente con la aviación comercial en la Argentina.
Mientras haya corrupción e impunidad, no habrá seguridad.
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En un comunicado de prensa, la Asociación Argentina de Aeronavegantes, expresa que la salida de la fuerza Aérea del control de la Aviación Civil no garantiza que se mejoren las condiciones de seguridad. Hay que atacar las causas y no sólo los efectos de la falta de seguridad, aseguraron. 