04/09/2006 - Buenos Aires - Fuentes judiciales dieron a conocer hoy un fallo dictado el 24 de agosto por la Cámara Federal de Apelaciones en el que se sostiene que si Videla fuese liberado, como pidió su defensa, podría entorpecer las investigaciones mediante la destrucción de pruebas.
Los portavoces señalaron que el tribunal ratificó los argumentos del juez federal Guillermo Montenegro para prorrogar la prisión de Videla, al vencer los dos años de plazo que marcan las leyes para la vigencia de autos de detención mientras se sustancia un proceso judicial.
El fallo rechazó además otro de la Cámara de Casación que reclamó que se señalasen las pruebas en peligro y la manera en que el ex presidente de facto podría actuar en desmedro de la investigación del caso, al impugnar el fallo de Montenegro, explicaron.
En este sentido, las fuentes dijeron que la Cámara Federal de Apelaciones remarcó que al haber sido una máxima autoridad de la dictadura militar (1976-1983), Videla debería conocer el destino de los desaparecidos a manos de grupos paramilitares o registros sobre lo sucedido con ellos.
Videla, quien gobernó entre 1976 y 1981, debería conocer a otros integrantes de la "asociación ilícita" que supuso el Plan Condor y podría destruir pruebas en caso de ser liberado, apuntó el tribunal en su fallo.
El 21 de julio último, la Cámara Federal de Apelaciones había confirmado el procesamiento de Videla, quien está detenido desde la década pasada en su domicilio debido a otros procesos judiciales.
El tribunal convalidó así un dictamen del juez Montenegro que dispuso además el procesamiento de otros 14 ex jerarcas de la dictadura acusados por el "Plan Cóndor", entre ellos los ex generales Albano Harguindeguy, Antonio Bussi, Luciano Menéndez, Santiago Riveros y Ramón Díaz Bessone.
A juicio de la Cámara Federal de Apelaciones, el Plan Cóndor permitió a las dictaduras militares establecidas en Suramérica en los años 70 y 80 "compartir información y cooperar para perseguir ilegalmente a opositores políticos", además de cometer delitos como "privación ilegal de la libertad, tortura y homicidio".
Los miembros del tribunal consideraron que "está probado" que "en ocasiones las Fuerzas Armadas o servicios de inteligencia actuaban en un país ajeno para privar ilegalmente de la libertad a individuos para luego trasladarlos a su país de origen, o bien procedían a su eliminación física en el territorio del país extranjero".
Según datos oficiales, unas 18.000 personas desaparecieron durante la dictadura argentina, aunque los organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000. EFE
