28/09/2006 - Buenos Aires - La resolución fue adoptada por el magistrado Jorge Ballestero, quien acusó a los procesados de haber cometido "fraude a la administración pública" en el denominado "megacanje", informaron fuentes judiciales.
El juez procura determinar si en el canje de títulos públicos por 29.000 millones de dólares realizado durante el Gobierno de De la Rúa (1999-2001) se cometió un perjuicio al Estado por casi 40.000 millones de dólares.
Además de procesarles sin prisión preventiva, Ballestero dictó embargos de 30 millones de pesos (unos 9,6 millones de dólares) sobre los bienes del ex gobernante y de Cavallo.
El magistrado también procesó al ex viceministro de Economía Daniel Marx y al antiguo secretario de Hacienda Jorge Baldrich, cuyos bienes fueron embargados respectivamente por 25 y 10 millones de pesos (8 y 3,2 millones de dólares).
Al prestar declaración ante Ballestero hace dos semanas, De la Rúa defendió el "megacanje", al señalar fue un "hecho lícito" adoptado para "evitar el cese de pagos" de la deuda externa.
El juez citó al ex presidente tras un pedido del fiscal Federico Delgado, quien considera a De la Rúa y a varios de sus antiguos colaboradores responsables de un fraude cercano a los 40.000 millones de dólares.
El "megacanje", concretado en junio de 2001, había sido presentado por De la Rúa como uno de los mayores logros de su Gobierno, al que renunció en diciembre de ese año en medio de un estallido social que se saldó con una treintena de muertos.
Delgado ha solicitado que se llame a declarar como imputados a Ernesto Marcer, por entonces Procurador General del Tesoro de Argentina, y al ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos David Muldford, quien por entonces era directivo del banco Credit Suisse First Boston (CSFB), coordinador de la operación.
El fiscal quiere que también se cite a los presidentes de los bancos Galicia, Santander, BBVA Francés, Credit Suisse First Boston, HSBC, JP Morgan Securities y Salomon Smith Barney, que participaron en la compleja operación financiera de canje.
Según Delgado, se implementó una "puesta en escena" mediante la "contratación del grupo de bancos" para hacer un "desplazamiento patrimonial a favor de un agente o tercero" de bienes de la administración pública, lo que puede configurar un "ardid o engaño".
Argentina pagó comisiones a estos bancos por unos 160 millones de dólares en una operación que aumentó su deuda al encarecerse los tipos de interés, según denuncias que presentaron legisladores y abogados ante Ballestero en 2002.
Al año siguiente el juez ya había determinado la "falta de méritos" (pruebas) para Cavallo, sus colaboradores y los banqueros, decisión que fue confirmada por un tribunal de segunda instancia pero que ordenó nuevas pericias en el caso, en cuyos resultados se basó Ballestero para dictar los procesamientos. EFE
