29/09/2006 - Buenos Aires - Además, a través de un comunicado, el máximo tribunal del país expresó su "profunda preocupación" por las amenazas recibidas por jueces y fiscales que investigan delitos cometidos durante el régimen militar que gobernó el país de 1976 a 1983.
Aunque sin mencionarle, la Corte aludió al caso de Jorge Julio López, quien desapareció después de testificar en el juicio contra el ex policía Miguel Etchecolatz, condenado a reclusión perpetua por "genocidio" el 19 de septiembre pasado.
"Es necesario garantizar el ejercicio de la función jurisdiccional, la debida protección de los testigos y bregar para que este tipo de hechos no se reiteren y tengan esclarecimiento y adecuada respuesta en el marco legalmente previsto", indicó.
El pronunciamiento del alto tribunal se produjo pocas horas después de que el Procurador General, Esteban Righi, ordenase a los fiscales que denuncien ante la Justicia las amenazas que reciban en relación con sus investigaciones sobre crímenes de la dictadura.
"Requerimos a los poderes públicos que garanticen la debida protección y seguridad para los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal que tienen a su cargo la investigación de eventual acusación y decisión en estas causas", consignó la Corte.
Agregó que "la plena vigencia del Estado de derecho y la consecuente independencia del Poder Judicial no toleran este tipo de actitudes antidemocráticas, que pretenden impedir el normal desenvolvimiento de las instituciones".
Nueve jueces y fiscales revelaron hoy que han recibido amenazas similares a las que sufrieron en los últimos días otros investigadores de causas vinculadas con la represión ilegal ejercida por el régimen militar.
Righi también instruyó a la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado para que "elabore y mantenga actualizado un listado de testigos convocados en las causas" de ese tipo, "a fin de que el Ejecutivo pueda garantizar su seguridad a través de las medidas que estime conveniente".
Además de exigir que las amenazas se denuncien "inmediatamente", el titular de la Fiscalía de Estado dispuso que se confeccione "un calendario de juicios orales a celebrarse próximamente" contra acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
Las intimidaciones están contenidas en cartas anónimas en las que se advierte a jueces y fiscales de que "no cedan a las presiones de los que hoy buscan venganza" y que "ajusten sus actos a derecho".
El primero en denunciar estas amenazas ha sido el juez Carlos Rozanski, presidente del tribunal que condenó a Etchecolatz por seis casos de homicidio y dos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos durante la dictadura.
En el juicio contra el ex comisario fue clave el testimonio de López, un albañil de 77 años que desapareció tras asegurar ante los jueces que fue torturado por Etchecolatz.
Las autoridades han ofrecido una recompensa de unos 64.000 dólares a quien aporte datos sobre el paradero del testigo, que padece mal de Parkinson y a estas alturas se ha convertido en el hombre más buscado del país. EFE
