29/09/2006 - Buenos Aires - Mientras, nueve jueces y fiscales aseguraron haber recibido intimidaciones similares a las que se registran desde que comenzó la búsqueda de un septuagenario que desapareció hace doce días, después de testificar contra un represor del régimen militar.
Righi también instruyó a la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado para que "elabore y mantenga actualizado un listado de testigos convocados en las causas" de ese tipo, "a fin de que el Ejecutivo pueda garantizar su seguridad a través de las medidas que estime conveniente".
Además de exigir que las amenazas se denuncien "inmediatamente", el titular de la Fiscalía de Estado dispuso que se confeccione "un calendario de juicios orales a celebrarse próximamente" contra acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
Como ha ocurrido en los últimos días, las intimidaciones están contenidas en cartas anónimas en las que se advierte a jueces y fiscales de que "no cedan a las presiones de los que hoy buscan venganza" y que "ajusten sus actos a derecho".
El fiscal Francisco Sosa (de la provincia de Santa Fe), el juez Marcos Bruno Quinteros y el fiscal Nery López (Formosa), además del magistrado Walter Ricardo Bento (Mendoza), admitieron hoy que han recibido escritos en el mismo tono amenazante en las últimas horas.
También lo hicieron el juez de Salta Miguel Medina y los fiscales de esa provincia norteña Ricardo Toranzos y Eduardo Villalba, así como el magistrado Ricardo Moderno y el fiscal Santos Reinoso, ambos de Catamarca.
El primero en denunciar estas intimidaciones ha sido el juez Carlos Rozanski, presidente del tribunal que el 19 de septiembre pasado condenó a reclusión perpetua por genocidio al ex policía Miguel Etchecolatz.
En el juicio contra el ex comisario fue clave el testimonio de Jorge Julio López, un albañil de 77 años que desapareció tras asegurar ante los jueces que fue torturado por Etchecolatz y su búsqueda continúa hoy en todo el país.
Además de los rastreos hechos por la policía, unos 10.000 "piqueteros", como se conoce en Argentina a quienes bloquean calles y carreteras para dar a conocer sus demandas, recorrieron hoy barrios de la periferia de Buenos Aires en busca de López.
Por su parte, el canciller Jorge Taiana envió a todas las representaciones diplomáticas argentinas en el exterior una circular con un "detallado informe" sobre el testigo desaparecido, cuya fotografía también ha sido distribuida en otros países.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, sostuvo que no cuenta con "elementos para tener expectativas positivas o negativas" sobre el caso, aunque reconoció que "el paso del tiempo es un dato negativo".
Solá no ha descartado la posibilidad de que detrás de la desaparición del albañil "estén implicados policías" y por ello ha ordenado la jubilación anticipada de 60 efectivos de la fuerza de seguridad bonaerense que actuaron en centros clandestinos de detención montados por la dictadura.
Las autoridades han ofrecido una recompensa de unos 64.000 dólares a quien aporte datos sobre el paradero de Jorge Julio López, quien padece mal de Parkinson y a estas alturas se ha convertido en el hombre más buscado del país. EFE
