12/10/2006 - Buenos Aires - El fiscal Guillermo Marijuán hizo la petición al juez Norberto Oyarbide, más de una semana después de que se desatara una polémica por una carta publicada en un sitio de internet en la que Bignone exhortó a la juventud "a terminar" lo que su generación no pudo.
El fiscal argumentó que "el espíritu de la concesión de una pensión graciable para ex presidentes se traduce en el otorgamiento de ese honor para aquellos mandatarios que constitucionalmente accedieron a esa investidura".
"¿Quién ha elegido presidente al señor Bignone? La respuesta es simple: ningún habitante lo ha elegido democrática y constitucionalmente", sostuvo.
En Argentina una pensión graciable o no contributiva es la que concede el Estado sin que el beneficiario haya hecho contribuciones a la previsión social para recibirla.
"¿Qué debemos honrar mes a mes todos los argentinos entregándole a este sujeto (Bignone) 15.402,02 pesos (unos 4.900 dólares)? ¿Cuál ha sido su mérito, su valor y su aporte a nuestra democracia?", se preguntó el fiscal.
Pidió, además, que se investigue a "los funcionarios" que en 1990 otorgaron el beneficio a Bignone, el último presidente del régimen militar que gobernó el país de 1976 a 1983.
"Qué difícil nos resulta a los que ya no somos y nos quedan pocas fuerzas decirles a estos chicos: ¡sigan adelante! Terminen lo que nosotros no supimos ni pudimos terminar", dijo Bignone en el portal de la agrupación Argentinos por la Memoria Completa, que reivindica a la dictadura.
El texto fue calificado de "despreciable" por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y tras su difusión un abogado denunció penalmente al ex dictador por "apología del crimen" e "incitación a la violencia".
Bignone negó esta semana haber instado a los jóvenes a terminar lo que su generación no pudo, señaló que no reconocía como propias las versiones aparecidas en algunos medios y dijo que sólo busca "alentar" a quienes pretenden "que la memoria sea completa y no parcial".
Marijuán, a cargo de una unidad fiscal que investiga delitos contra la seguridad social, explicó que el Estado otorgó la "pensión graciable" a Bignone en base a una ley sancionada durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía (1966-1970) y derogada en 1991.
El ex presidente de facto está actualmente excarcelado pero irá a juicio oral en una causa que investiga el robo de bebés nacidos durante el cautiverio de sus padres en la dictadura y entregados a familias afines a los militares.
También está procesado por su responsabilidad en el Plan Cóndor, como se llamó a la operación coordinada por las dictaduras del Cono Sur para eliminar a disidentes políticos en los años setenta. EFE
