18/10/2006 - Londres - En un comunicado divulgado desde su sede en Londres, AI indicó que la situación se ha agravado desde la desaparición en septiembre pasado de Julio López, de 77 años.
El hombre se encuentra en paradero desconocido tras prestar testimonio en el juicio contra el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Ethecolatz, que resultó decisivo para que el ex policía fuera condenado a reclusión perpetua por "genocidio".
Entre los amenazados figuran algunas personas que han actuado públicamente en acciones judiciales contra ex miembros de las fuerzas de seguridad argentina o que han participado en actos públicos para reclamar justicia, según AI.
La organización citó el caso de María Cristina Saborido, quien estuvo recluida en el centro secreto de detención conocido como "el Pozo de Banfield" en julio de 1977 y quien recibió el 8 de octubre pasado un mensaje de correo electrónico anónimo en el que le amenazaban con someterla a torturas.
"Zurda de mierda cuidate, porque te vamos a meter picana hasta en el orto, y cuida a tus hermanos porque también se la tenemos jurada y al zurdito del novio de tu hermana lo tenemos enlistado también, ya vas a ver lo que le hacemos", rezaba el mensaje.
Al día siguiente, el novio de su hermana fue atacado por dos desconocidos, añadió AI.
Entre los amenazados figuran también jueces y fiscales en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán.
"Las autoridades argentinas tienen el deber de impedir que las amenazas y ataques cumplan con el propósito de evitar que más personas testifiquen en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar", dijo Virginia Shoppee, investigadora de AI sobre Argentina.
La organización pro derechos humanos pidió a las autoridades argentinas que ofrezcan la protección necesaria a los testigos y miembros del poder judicial que se puedan ver afectados e investiguen exhaustivamente las denuncias, para que los responsables de las amenazas y ataques puedan ser llevados ante la justicia. EFE
