23/10/2006 - Buenos Aires - "No teníamos dudas, pero lo hemos constatado para tranquilidad de la población", declaró Alejandro Rodríguez Perón, sobrino nieto del general Perón.
Rodríguez Perón se declaró "satisfecho" por haberse refutado rumores según los cuales los restos del general no habían sido llevados al nuevo mausoleo por razones de seguridad.
En este sentido, insistió en que "la gente puede quedarse tranquila" porque en un acta notarial se dejó constancia de que el féretro que fuera depositado en el mausoleo de la finca "17 de octubre", que perteneció al general, contiene sus restos.
"El cuerpo del general ha sufrido el deterioro lógico después de 32 años de su muerte, pero los rasgos de su cara son perfectamente reconocibles", matizó Rodríguez Perón a las radios de Buenos Aires.
Dijo que está "conforme" con las medidas de seguridad que se han tomado en la finca "17 de octubre", situada en la localidad de San Vicente, a 40 kilómetros al sur de la capital argentina, que Perón compró en 1947 junto con su segunda esposa, María Eva Duarte, Evita.
Confirmó que la custodia del mausoleo quedará a cargo de la Gendarmería, mientras que la Policía de la Provincia de Buenos Aires vigilará el perímetro de la finca, de 18 hectáreas, donde se conserva el chalé que construyeron Perón y Evita y se ha levantado un museo sobre la historia del Partido Justicialista (peronista).
Poco antes de que la caravana que acompañaba el cadáver de Perón (1895-1974) llegase el martes pasado a la finca se desató una batalla campal con palos, piedras y armas de fuego entre grupos sindicales rivales dentro del peronismo que concluyó con 59 heridos.
Hasta ahora han sido detenidos nueve hombres por su participación y la justicia ordenó la captura de otras cuatro personas después de identificarlas por imágenes de televisión.
Uno de los detenidos es Emilio Quiroz, un empleado del sindicato de camioneros, cuya imagen fue registrada por las cámaras mientras disparaba con una pistola.
El juez César Melazo dijo que los detenidos están acusados de "intimidación pública", un delito excarcelable, y que ocho de ellos "pueden tener alguna vinculación con el fútbol", ya que se presume que son miembros de "barras bravas" (grupos de hinchas violentos). EFE
