20/07/2007 - Buenos Aires - La medida fue dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires, que consideró que los procesados no pueden quedar libres porque aún hay "ocultas" pruebas sobre la suerte de desaparecidos y niños nacidos en la ESMA, donde funcionó la mayor cárcel ilegal de la dictadura (1976-1983).
Además del ex marino Astiz, cuya extradición pidieron Francia, España y Suecia, el fallo del tribunal alcanzó a Jorge "Tigre" Acosta, Antonio Pernías, Jorge Rádice y Guillermo Suárez Mason (hijo del ex general homónimo), entre otros, informaron fuentes judiciales.
En el marco de una causa que abarca lo ocurrido con más de 400 víctimas de la represión ilegal que pasaron por la ESMA, los jueces también trabaron embargos de 200 millones de pesos (63,9 millones de dólares) sobre los bienes de cada uno de los represores.
En su fallo, la Cámara Federal señaló que existen "serias presunciones" de que quienes fueron encarcelados en la Escuela de Mecánica de la Armada y permanecen desaparecidos han sido asesinados.
Ante la gravedad de los delitos que se les imputan a los procesados y por el hecho de que sus víctimas fueron "perseguidos ideológicos", los miembros del tribunal entendieron que hay "serio riesgo" de que los detenidos busquen "eludir la justicia y obstruir la verdad".
El tribunal de apelaciones confirmó un fallo anterior del juez de primera instancia Sergio Torres y ahondó en las razones por las cuales considera que la treintena de represores deben seguir en la cárcel hasta que sean sometidos a juicio.
Torres los había procesado con prisión preventiva como "partícipes necesarios" de los delitos de "imposición de tormentos", "privación ilegal de la libertad agravada" e "imposición de tormentos seguidos de muerte reiterados".
Alfredo Astiz es acusado por el secuestro y desaparición de las monjas francesas Leoni Duquet y Alice Domón, y de la joven sueca Dagmar Hagelin, entre otros delitos de lesa humanidad.
Se calcula que por la ESMA pasaron unos 5.000 detenidos durante el régimen militar que, según cifras oficiales, causó la desaparición de 18.000 personas, si bien las agrupaciones de defensa de los derechos humanos elevan esa cifra a 30.000. EFE