06/09/2007 - Buenos Aires (EFE).- La justicia argentina elevó hoy a juicio oral y público el caso de pago de sobornos a senadores para la aprobación de una reforma laboral en 2000, informaron fuentes judiciales.
El juez federal Daniel Rafecas dispuso llevar al banquillo de los acusados a nueve ex senadores y ex funcionarios del gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), cuya situación procesal aún está pendiente de definición por parte del magistrado.
Los procesados son los ex senadores del Partido Justicialista (PJ, peronista) Emilio Cantarero, Alberto Tell, Augusto Alasino, Ricardo Branda y Remo Costanzo, así como al radical José Genoud.
También están procesados el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE, servicio secreto) Fernando de Santibáñez y al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, como también el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, quien confesó haber llevado en un maletín el dinero de los sobornos.
De Santibáñez, Flamarique, Genoud y Pontaquarto están imputados por haber ofrecido el pago de una suma de dinero a Cantarero, Alasino, Costanzo, Tell y Branda, para que estos legisladores, por entonces de la oposición, aprobasen una ley de reforma laboral impulsada por el gobierno.
De acuerdo a la acusación del fiscal del caso, los entonces senadores justicialistas recibieron en total 4,3 millones de pesos (por entonces igual suma en dólares) "para que a través de su apoyo se lograra la sanción del proyecto de ley que resultó aprobado por la cámara alta el 26 de abril de 2000".
Mientras que a Genoud, según esa misma acusación, se le dieron los 700.000 pesos "remanentes del dinero entregado a Cantarero el día anterior" a la votación.
La investigación judicial se reactivó en febrero de 2003, cuando Pontaquarto confesó haber sido partícipe en el traslado de los fondos que se utilizaron para pagar a los senadores.
El "arrepentido" aseguró que el 18 de abril de 2000 él mismo retiró de la sede de la SIDE cinco millones de dólares y los repartió entre los senadores, con el visto bueno del gobierno de Fernando de la Rúa, que buscaba la aprobación de la reforma laboral.
Los primeros rumores sobre las llamadas "coimas (sobornos) del Senado" fueron difundidos por la prensa local en julio de 2000, apenas dos meses después de la aprobación de la ley, que contaba con la oposición de los sindicatos.
A raíz de las denuncias de sobornos, en octubre de 2000 dimitió el entonces vicepresidente de Argentina y presidente del Senado, Carlos Álvarez.
Esto debilitó la Alianza encabezada por De la Rúa, quien abandonó el poder a finales de 2001, en medio de una severa crisis económica y social.
El Parlamento anuló la ley laboral y la reemplazó por una nueva legislación en marzo de 2004, cuando las investigaciones se habían reactivado a raíz de las confesiones de Pontaquarto. EFE
