Adorni bajo presión: Bullrich exigió explicaciones inmediatas y Milei salió a blindarlo desde Estados Unidos

La investigación judicial sobre las presuntas inconsistencias patrimoniales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comenzó a generar fuertes tensiones dentro del propio Gobierno nacional y dejó al descubierto diferencias en la cúpula libertaria. Este miércoles, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sorprendió al reclamar públicamente que el funcionario presente “de inmediato” la documentación que explique el origen de los fondos cuestionados por la Justicia.

“Creo que lo tiene que hacer ya”, sostuvo Bullrich en declaraciones televisivas, al tiempo que evitó respaldar categóricamente la inocencia de Adorni y dejó en claro que será la documentación la que determine si puede justificar o no los movimientos patrimoniales bajo sospecha.

La postura de la ministra encendió las alarmas dentro del oficialismo. Según trascendió, el malestar por el caso crece en distintos sectores del Gobierno y no se descarta que el tema genere tensión en la próxima reunión de Gabinete encabezada por Adorni.

Sin embargo, horas después apareció Javier Milei desde Estados Unidos para intentar apagar el incendio político. El Presidente defendió con firmeza al jefe de Gabinete y aseguró que no piensa apartarlo del cargo. “No voy a ejecutar a una persona honesta”, afirmó durante una entrevista telefónica.

El mandatario sostuvo además que Adorni cuenta con la documentación necesaria para justificar cada operación y apuntó contra quienes impulsan las denuncias. En ese marco, cargó especialmente contra la diputada Marcela Pagano, a quien calificó como una “mentirosa compulsiva”.

Milei también cuestionó el tratamiento mediático del caso y defendió el principio de presunción de inocencia. “El periodismo actúa como fiscal, juez y sentencia”, disparó, en una frase que volvió a tensar la relación del Gobierno con parte de la prensa.

La polémica escaló luego de que el contratista Matías Tabar declarara ante el fiscal Gerardo Pollicita que Adorni habría pagado US$ 245.000 por la remodelación de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Esa cifra quedó bajo la lupa judicial debido a que, según la investigación, no sería compatible con los ingresos declarados por el funcionario.

El episodio vuelve a colocar al Gobierno libertario frente a uno de sus escenarios más sensibles: la necesidad de sostener el discurso de transparencia mientras enfrenta cuestionamientos sobre el patrimonio de integrantes clave de la administración.