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El exjefe de Gabinete entregó un escrito de 78 páginas en respuesta a las 20 preguntas del fiscal Gerardo Pollicita. Su defensa sostiene que la evolución de su patrimonio tiene un "sustento razonable y verificable" y atribuye buena parte de los fondos a operaciones con Bitcoin realizadas antes de su llegada al Gobierno.
Manuel Adorni
Manuel Adorni presentó ante la Justicia su justificación patrimonial en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito durante el período en que ejerció funciones en el Gobierno de Javier Milei.
El exjefe de Gabinete entregó un escrito de 78 páginas, acompañado por documentación y anexos, en respuesta a las 20 preguntas formuladas por el fiscal federal Gerardo Pollicita. La presentación fue realizada este lunes, un día antes del vencimiento del plazo extendido por el juez federal Ariel Lijo.
La defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, sostuvo que la evolución patrimonial de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026 tiene un “sustento razonable y verificable” y rechazó que exista un enriquecimiento que no pueda ser explicado mediante la documentación aportada.
Ahora será la Fiscalía la que deberá analizar el descargo y determinar si las explicaciones aportadas resultan suficientes para despejar las inconsistencias señaladas durante la investigación.
Uno de los principales ejes de la presentación está relacionado con los USD 591.544,61 que, según la defensa, Adorni habría obtenido mediante operaciones con Bitcoin realizadas antes de su ingreso a la función pública.
La explicación apunta a ocho billeteras virtuales cuyos movimientos se remontan a años anteriores al inicio de su actividad como funcionario.
Según la defensa, esas billeteras registraron operaciones entre 2014 y 2018 y permitieron generar los fondos que posteriormente fueron utilizados para afrontar distintos gastos y adquisiciones. El escrito sostiene además que las claves privadas fueron acreditadas mediante un acta notarial.
La investigación fiscal había puesto especial atención sobre las operaciones con criptoactivos que no habían aparecido inicialmente en las declaraciones patrimoniales.
La explicación presentada ahora intenta establecer así una trazabilidad anterior al ingreso de Adorni al Estado para justificar el origen de una parte sustancial de los fondos utilizados durante el período investigado.
El requerimiento de Pollicita había surgido después de un análisis técnico de las declaraciones patrimoniales, movimientos financieros, registros de propiedades, consumos y otros datos del grupo familiar.
Según ese análisis, entre diciembre de 2023 y junio de 2026 el matrimonio Adorni-Angeletti tuvo ingresos comprobados por $229,75 millones, mientras que los gastos reconstruidos en pesos llegaron a $272,82 millones.
La diferencia fue calculada en $43.068.549.
A esa diferencia se sumó otro elemento bajo análisis: USD 402.578,12 en gastos que, según la Fiscalía, no tenían hasta ese momento un correlato directo con los ingresos lícitos comprobados.
La defensa respondió que la diferencia en pesos representa una brecha residual dentro de la reconstrucción de los movimientos económicos del grupo familiar y sostuvo que la documentación incorporada permite explicar parte de ese desbalance.
Uno de los capítulos más sensibles de la investigación es la propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
La Fiscalía pidió explicaciones sobre la compra del terreno y, especialmente, sobre el costo de las obras realizadas en la vivienda.
El contratista Matías Tabar había declarado ante la Justicia que recibió USD 245.000 en efectivo por las refacciones.
La defensa de Adorni presentó otra versión: sostuvo que el costo de los trabajos fue de USD 175.000 y que el pago se realizó mediante fondos provenientes de los ahorros del exfuncionario.
También cuestionó distintos registros aportados por el contratista y señaló supuestas inconsistencias en la documentación relacionada con la obra.
La diferencia entre ambos montos —USD 70.000— queda así incorporada a uno de los principales puntos de discusión del expediente.
Otro de los interrogantes planteados por la Fiscalía estuvo relacionado con los dólares que Adorni declaró como ahorros.
La defensa sostuvo que una parte de esos fondos provenía de los recursos acumulados antes de su ingreso a la función pública y de las operaciones con criptomonedas.
Según la presentación, los ahorros en efectivo declarados fueron disminuyendo con el paso de los años: pasaron de USD 513.000 en 2023 a USD 388.961,52 en 2024, y llegaron a USD 209.961,52 a fines de 2025.
La explicación de la defensa es que parte de ese dinero fue utilizada para comprar y refaccionar la propiedad de Indio Cuá y adquirir un departamento en Caballito.
Las preguntas de Pollicita no se concentraron exclusivamente en las criptomonedas y la vivienda de Exaltación de la Cruz.
El requerimiento también incluyó la compra del departamento de la calle Miró 550, en Caballito, préstamos atribuidos a familiares, operaciones con criptoactivos, consumos realizados con tarjetas y determinadas facturas informadas ante ARCA.
Los viajes del grupo familiar también fueron incorporados al análisis. Entre los gastos examinados figura un viaje a Aruba por USD 14.696.
Otro punto bajo análisis es el crecimiento del endeudamiento declarado por la familia, que durante el período investigado pasó de $92,4 millones a $317,3 millones, de acuerdo con la información del expediente.
La defensa también explicó las modificaciones realizadas en las declaraciones juradas patrimoniales.
Adorni declaró un patrimonio de $944,5 millones al cierre de 2025 y posteriormente incorporó información relacionada con ahorros y criptoactivos que no había aparecido en declaraciones anteriores.
Según la defensa, las rectificaciones realizadas en junio de 2026 tuvieron como objetivo reflejar correctamente la situación patrimonial de la sociedad conyugal, incluyendo tanto activos como deuda hipotecaria vinculada con Indio Cuá.
La presentación rechazó que esas modificaciones hayan tenido como finalidad ocultar bienes.
Con la presentación del escrito, la pelota queda ahora del lado de la Fiscalía.
Pollicita deberá analizar las 78 páginas presentadas por la defensa y la documentación incorporada para determinar si las explicaciones permiten despejar las observaciones que dieron origen al requerimiento.
La investigación se encuentra todavía en una etapa previa a una eventual declaración indagatoria. De acuerdo con el procedimiento seguido en este tipo de causas, si el fiscal considera que las explicaciones no resultan suficientes, puede solicitar nuevas medidas o avanzar con un pedido de indagatoria, que deberá ser evaluado por el juez Ariel Lijo.
Por ahora, Adorni ya presentó su versión sobre el origen y la evolución de su patrimonio.
El eje de esa explicación está en una historia financiera que, según su defensa, comenzó antes de su llegada al Gobierno: ahorros acumulados, inversiones en Bitcoin, operaciones posteriores, préstamos y fondos utilizados para propiedades y gastos familiares.
La Justicia deberá determinar ahora cuánto de esa explicación queda respaldado por la documentación incorporada al expediente.
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