El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense presentó un proyecto para facilitar el acceso a viviendas en alquiler. La iniciativa contempla un tope inicial, beneficios para inquilinos e incentivos fiscales para propietarios que incorporen inmuebles al régimen.
El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para crear un Régimen de Alquiler Social, destinado a facilitar el acceso a viviendas para sectores con mayores dificultades para afrontar los costos del mercado.
La propuesta fue entregada al diputado bonaerense Rubén Eslaiman por el titular de la entidad, Luis Colao. El proyecto establece que podrán considerarse dentro del régimen aquellos contratos cuyo valor inicial no supere los $388.000 mensuales, aunque el parámetro podría adaptarse según las distintas regiones de la provincia.
La iniciativa busca generar una modalidad específica de alquiler con beneficios para los inquilinos e incentivos para los propietarios.
Uno de sus principales ejes es la segmentación: el valor de referencia podría modificarse de acuerdo con las características económicas y territoriales de cada zona, con el objetivo de evitar una aplicación uniforme sobre realidades habitacionales diferentes.
Para quienes ingresen al régimen, el proyecto contempla además que los inquilinos no paguen honorarios profesionales vinculados con la confección de los contratos. Ese costo quedaría a cargo de los propietarios según las escalas arancelarias correspondientes.
También se plantea que los informes requeridos ante el Registro de la Propiedad Inmueble sean gratuitos para los locatarios y se propone revisar el límite de valuación fiscal utilizado para determinar la exención del Impuesto de Sellos.
El proyecto incorpora otras medidas destinadas a reducir los costos iniciales de una locación.
Los inquilinos podrían presentar gratuitamente el contrato para acceder a determinados servicios, mediante las certificaciones previstas en la iniciativa.
Además, se propone que las empresas prestadoras de servicios no cobren cargos de conexión, reconexión, depósito o cambio de titularidad cuando se trate de viviendas incorporadas al régimen.
El otro componente central de la propuesta apunta a ampliar la oferta de viviendas disponibles.
Para los inmuebles que cumplan con las condiciones del régimen, los martilleros plantean beneficios fiscales y convocan a los municipios bonaerenses a adherir mediante posibles exenciones de tasas y derechos.
La intención es generar incentivos para que más propietarios incorporen viviendas al mercado de alquileres, aumentando la oferta destinada a sectores que actualmente encuentran mayores dificultades para acceder a una locación.
Los autores del proyecto sostienen que la vivienda debe ser considerada una necesidad básica y advierten sobre el crecimiento de los hogares que alquilan.
Según los fundamentos presentados por la entidad, la proporción de hogares inquilinos pasó del 13% en 2007 al 18,4%, mientras que en algunas de las principales áreas urbanas del país el crecimiento de la cantidad de inquilinos habría superado el 50% durante las últimas dos décadas.
El documento también señala que el alquiler representa aproximadamente el 36% del salario promedio y que, al incorporar los gastos de servicios, la proporción supera el 50%.
Con ese diagnóstico, los martilleros proponen un esquema focalizado que contemple las diferencias entre regiones y grupos de ingresos.
La iniciativa ahora deberá atravesar el correspondiente tratamiento legislativo para determinar si finalmente se convierte en ley en la provincia de Buenos Aires.
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