Cristina Kirchner busca frenar el decomiso de sus bienes

La disputa judicial por la causa Vialidad sumó un nuevo capítulo. Luego de que la Corte Suprema dejara firme la actualización del monto del decomiso en $684.990 millones, Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja con el objetivo de frenar la ejecución de la sentencia y evitar el eventual remate de bienes alcanzados por la condena.

La misma estrategia también fue adoptada por el empresario Lázaro Báez, otro de los condenados en la causa.

El máximo tribunal rechazó previamente los planteos de nulidad y confirmó el monto que deberán afrontar los condenados, una cifra que surge de la actualización de los $85.000 millones fijados originalmente por el Tribunal Oral Federal N.º 2.

Qué bienes podrían quedar alcanzados

La discusión ahora se concentra en la ejecución patrimonial. Entre los bienes que podrían ser alcanzados por el decomiso figuran propiedades de Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, además de hoteles y otros activos vinculados a la familia que forman parte de los expedientes judiciales.

En paralelo, la defensa de la ex mandataria, encabezada por Carlos Beraldi, solicitó que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner queden excluidos del proceso, al sostener que no existe evidencia que los vincule con los hechos investigados.

Una etapa clave de la causa Vialidad

La causa Vialidad es uno de los expedientes de corrupción de mayor impacto en la historia reciente del país. En 2022, Cristina Kirchner fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en relación con la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz, sentencia que posteriormente quedó firme.

Además, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó intervenir en la administración de los bienes decomisados al considerar que los activos vinculados a este tipo de causas deben quedar bajo control de organismos especializados.

Si bien los nuevos recursos podrían extender algunos plazos procesales, distintos especialistas sostienen que los recursos de queja no tienen efecto suspensivo automático, por lo que la Justicia podría continuar con la identificación, tasación y eventual ejecución de los bienes comprendidos en la condena.

Mientras Cristina Kirchner insiste en denunciar una persecución judicial, el oficialismo considera que la confirmación de la condena representa un avance en la recuperación de activos vinculados a hechos de corrupción, en una causa que lleva más de una década de trámite y atraviesa ahora una de sus etapas más decisivas.