El Tribunal Oral Federal N° 2 extendió la prisión domiciliaria de la expresidenta en el marco de la causa Vialidad. El juez Rodrigo Giménez Uriburu consideró que cumplió con las condiciones impuestas y que los controles no detectaron incumplimientos relevantes. En paralelo, el departamento continúa alcanzado por las medidas patrimoniales vinculadas al decomiso.
Cristina Fernández de Kirchner continuará cumpliendo en su departamento de San José 1111 la condena de seis años de prisión impuesta en la causa Vialidad.
La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal N° 2, luego de analizar los informes correspondientes al último período de seguimiento de la prisión domiciliaria. El juez Rodrigo Giménez Uriburu concluyó que la expresidenta mantuvo una conducta acorde con las reglas establecidas por la Justicia.
La resolución se conoce pocos días después de que la Justicia dejara firme el embargo preventivo sobre el propio inmueble de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple actualmente la condena.
Uno de los puntos centrales del análisis fueron los controles realizados sobre el cumplimiento de la modalidad domiciliaria.
Según los informes citados en la resolución, Cristina Kirchner respondió a los requerimientos de los organismos de control, mantuvo un trato cordial durante las entrevistas domiciliarias y respetó las condiciones establecidas para las visitas.
Durante el período analizado, además, registró una única salida autorizada, vinculada con una consulta médica. De acuerdo con los informes incorporados al expediente, esa salida se desarrolló sin inconvenientes.
El monitoreo electrónico tampoco habría registrado anomalías.
El juez Giménez Uriburu sostuvo que la expresidenta mantuvo durante el trimestre analizado una conducta de sujeción al control judicial y observancia de las condiciones establecidas para cumplir la pena bajo modalidad domiciliaria.
Otro de los aspectos considerados fueron las personas que ingresaron al departamento.
Los informes señalaron que las visitas se ajustaron a las autorizaciones otorgadas por el tribunal. Se registró solamente una demora relacionada con una visitante, situación que fue explicada ante las autoridades.
También fueron consideradas las movilizaciones que se produjeron frente al domicilio de la expresidenta.
Según la evaluación incorporada al expediente, no se detectaron conductas atribuibles a Cristina Kirchner que hubieran alterado la tranquilidad del vecindario, ni se registraron quejas de vecinos vinculadas con su comportamiento durante el período analizado.
La particularidad del caso es que el mismo inmueble donde Cristina Kirchner cumple la condena también quedó involucrado en el proceso de ejecución patrimonial de la causa Vialidad.
En agosto, el TOF 2 había ordenado el embargo preventivo de distintas propiedades vinculadas con Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner y otros condenados. Entre los bienes alcanzados se encuentra el departamento de San José 1111.
Posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por los hijos de la expresidenta y dejó firme esa medida sobre un conjunto de inmuebles vinculados a Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., incluido el departamento donde Cristina cumple la prisión domiciliaria.
Se trata de dos procesos que deben distinguirse: una cosa es el régimen mediante el cual cumple la pena y otra es la ejecución patrimonial de la condena.
La causa Vialidad también tiene abierto un frente económico de enorme magnitud.
La Justicia fijó en $684.990.350.139,86 el monto actualizado correspondiente al decomiso que deben afrontar los condenados en el expediente. La cifra quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara recursos vinculados con ese cálculo.
El objetivo del proceso de ejecución patrimonial es avanzar sobre los bienes identificados para intentar cubrir ese monto.
En ese marco aparecen propiedades relacionadas con Los Sauces y Hotesur, inmuebles en Puerto Madero, establecimientos en Santa Cruz y otros activos alcanzados por las distintas decisiones judiciales.
Con la nueva resolución, Cristina Kirchner continuará en San José 1111 bajo prisión domiciliaria, mientras avanza por otra vía el proceso destinado a ejecutar el decomiso derivado de la causa Vialidad.
La decisión del TOF 2 se basó, en este caso, en los informes de los organismos encargados de controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas para la prisión domiciliaria.
Así, el escenario judicial de la expresidenta mantiene dos dimensiones paralelas: por un lado, la continuidad de la condena bajo modalidad domiciliaria; por otro, el avance de las medidas destinadas a ejecutar el componente patrimonial de la sentencia.
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