El Gobierno de Kicillof imputó a Mercado Libre y amenaza con una multa millonaria

La tensión entre el Gobierno bonaerense y Mercado Libre sumó un nuevo capítulo. La gestión de Axel Kicillof imputó a la compañía fundada por Marcos Galperin tras detectar una serie de presuntas irregularidades en los contratos de adhesión que utilizan los usuarios de la plataforma y de sus servicios financieros.

La investigación fue impulsada de oficio por la Dirección Provincial de Defensa de los Consumidores, que relevó más de una decena de cláusulas que podrían vulnerar derechos establecidos en la Ley de Defensa del Consumidor.

Según informó la Provincia, el análisis incluyó las condiciones generales de uso del denominado ecosistema MELI, que abarca tanto las operaciones de compra y venta como los servicios de Mercado Pago y los préstamos personales ofrecidos por la empresa.

Desde el Gobierno bonaerense señalaron que Mercado Libre encabeza el ranking de reclamos de consumidores en la provincia, con 2.396 denuncias registradas durante los primeros cuatro meses del año. Además, sostuvieron que varias de las cláusulas observadas generarían un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio de los usuarios.

Qué observó la Provincia

Entre los puntos cuestionados aparecen cláusulas vinculadas a la aceptación automática de modificaciones contractuales, la limitación de responsabilidad de la empresa ante fallas técnicas, la posibilidad de realizar compensaciones entre cuentas, la transferencia de responsabilidades al usuario por accesos no autorizados y la fijación de jurisdicciones que podrían dificultar el acceso a la Justicia.

También fueron observadas disposiciones relacionadas con débitos sobre cuentas de terceros, exenciones anticipadas de responsabilidad y mecanismos de caducidad automática ante eventuales incumplimientos futuros.

Qué puede pasar ahora

Tras ser notificada, Mercado Libre cuenta con un plazo de cinco días hábiles e improrrogables para presentar su descargo y responder a las observaciones formuladas por las autoridades bonaerenses.

La empresa también tiene la posibilidad de modificar o eliminar las cláusulas cuestionadas para cerrar el expediente administrativo. En caso contrario, podría enfrentar una sanción económica que, según estimaciones oficiales, alcanzaría los $1.815 millones.

El caso promete abrir un nuevo frente de discusión sobre la regulación de las grandes plataformas digitales, los derechos de los consumidores y el alcance de los controles estatales sobre los servicios financieros y tecnológicos.

Foto: CNN en Español