¿Estamos listos para gobiernos con inteligencia artificial? Avances, riesgos y el caso argentino

Mientras muchos gobiernos aún debaten si están preparados, la inteligencia artificial (IA) ya está en marcha dentro del Estado en distintas partes del mundo. Un relevamiento con más de 200 casos reales en el sector público deja una advertencia clara: la IA no corrige sistemas ineficientes, los potencia.

El informe, difundido por organismos internacionales, plantea que el mayor riesgo no es avanzar rápido, sino quedarse inmóvil mientras otros países rediseñan el funcionamiento estatal con tecnología.

En Argentina, ese proceso ya comenzó. El sistema Prometea, utilizado en el ámbito judicial, es capaz de analizar expedientes y generar borradores de resoluciones en minutos, reduciendo tareas que antes demandaban días. Un primer paso hacia una Justicia más ágil, aunque no exento de desafíos.

A nivel global, los ejemplos son contundentes y muestran tanto el potencial como los peligros:

• En Países Bajos, un algoritmo mal diseñado acusó erróneamente a 26.000 familias de fraude, generando un escándalo que terminó con la caída del gobierno.
• En Austria, la IA permitió analizar millones de casos fiscales y recuperar 185 millones de euros en evasión.
• Francia utiliza inteligencia artificial y imágenes satelitales para detectar propiedades no declaradas.
• Brasil logró ordenar miles de litigios fiscales, reduciendo tiempos históricos con 80% de precisión.
• En Singapur, un chatbot inteligente resolvió decenas de miles de consultas, ahorrando miles de horas a los ciudadanos.

Según datos de la OCDE, el 70% de los países ya usa IA para optimizar procesos internos, aunque solo un 33% la aplica en el diseño de políticas públicas, lo que evidencia un uso aún limitado en términos estratégicos.

El contexto no es menor: la confianza en los gobiernos sigue en niveles bajos (apenas el 39% de aprobación moderada o alta), mientras crecen las demandas sociales y la presión por servicios más eficientes. En ese escenario, la IA aparece como una herramienta clave para mejorar la productividad, la transparencia y la capacidad de respuesta del Estado.

Sin embargo, el desafío es profundo. La experiencia internacional demuestra que, sin controles adecuados, los algoritmos pueden amplificar errores, sesgos o injusticias. Por eso, especialistas advierten que el debate no debe centrarse solo en la adopción tecnológica, sino en su implementación ética, controlada y transparente.

El futuro del sector público ya empezó. Y la pregunta que enfrentan los gobiernos —incluido el de Javier Milei— no es si usar IA, sino cómo hacerlo sin repetir los errores del pasado.