La Corte Suprema ratificó el financiamiento universitario y obliga al Gobierno a aumentar salarios y becas

La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional y dejó firme la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, incluyendo la actualización salarial del personal docente y no docente, la convocatoria a paritarias y el incremento de los fondos destinados a becas estudiantiles.

Con esta resolución, el máximo tribunal confirmó el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que había ordenado la aplicación de los artículos centrales de la norma aprobada por el Congreso en agosto de 2025.

Qué implica el fallo de la Corte

La decisión judicial obliga al Gobierno a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, que contemplan:

• Actualización salarial para docentes y no docentes con criterio retroactivo.
• Convocatoria a negociaciones paritarias.
• Incremento de las Becas Progresar, destinadas a estudiantes de universidades nacionales.

El fallo coincide parcialmente con el acuerdo alcanzado este mes entre el Gobierno y los rectores universitarios respecto de los aumentos salariales, aunque las universidades sostienen que ese entendimiento no cumple íntegramente con lo establecido por la ley.

Reclamo por una mayor recomposición salarial

Tras conocerse la resolución de la Corte, los gremios universitarios adelantaron que reclamarán una recomposición salarial del 32,5%, al considerar que el acuerdo firmado resulta insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años.

El convenio alcanzado con el Ejecutivo contempla una suba del 24,33%, distribuida en un 21,33% durante junio y un 3% adicional en octubre, además de un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento universitario y un 50% de aumento para las Becas Manuel Belgrano.

Sin embargo, la ley respaldada por el Congreso establece una recuperación salarial retroactiva al 1° de diciembre de 2023, además de contemplar la actualización de las Becas Progresar, aspecto que no figura en el acuerdo firmado.

Un conflicto que llegó hasta la Corte Suprema

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso, luego vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente promulgada tras la insistencia legislativa.

El Gobierno argumentó que la norma no podía ejecutarse por no contar con una fuente específica de financiamiento, lo que motivó una presentación judicial del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El juez Diego Cormick hizo lugar al planteo mediante una medida cautelar, decisión que fue confirmada por la Cámara y que ahora quedó definitivamente firme tras el rechazo de la Corte al recurso extraordinario del Poder Ejecutivo.

Además, el máximo tribunal también desestimó el pedido del Gobierno para apartar del expediente a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Con este fallo, la Justicia consolida la vigencia de la cautelar y obliga al Ejecutivo a avanzar con las medidas previstas por la ley mientras continúa el debate de fondo sobre el financiamiento del sistema universitario argentino.