Lázaro Báez, imputado por manejar una red de lavado desde la cárcel

El empresario Lázaro Báez fue imputado como presunto jefe de una organización dedicada al lavado de activos, que habría continuado administrando sus negocios y bienes desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde cumple una condena unificada de 15 años de prisión.

La acusación fue formalizada por la Unidad Fiscal de Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en dos audiencias judiciales que permitieron establecer conexiones entre una presunta estructura de lavado de dinero y otra dedicada al narcotráfico en Santa Cruz.

Según los investigadores, la organización habría movilizado alrededor de $390.880.000, mediante operaciones financieras, transferencias entre cuentas de allegados y el uso de billeteras virtuales. El dinero estaría relacionado con la explotación de propiedades, campos, empresas y otros activos que debían permanecer bajo control judicial.

El juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, declaró legales 12 detenciones y dispuso la prisión preventiva de los involucrados alcanzados por esa medida. Para los restantes imputados estableció distintas medidas de coerción. El plazo fijado para la investigación es de dos años.

Las órdenes desde Ezeiza y los bienes bajo investigación

Uno de los aspectos más relevantes de la causa es la hipótesis fiscal de que Báez habría conservado capacidad de decisión sobre su patrimonio pese a estar detenido y a las restricciones judiciales que pesan sobre sus bienes.

De acuerdo con las intervenciones telefónicas incorporadas al expediente, el empresario impartía instrucciones desde una línea registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal. Sus colaboradores lo identificaban como «el Tío» o «Antonio».

En una de las comunicaciones expuestas durante las audiencias, Báez daba indicaciones sobre quién debía administrar la estancia La Entrerriana y cómo organizar los trabajos en el establecimiento.

La investigación también detectó una estructura de colaboradores con distintas funciones: administración de propiedades, manejo de establecimientos rurales, operaciones financieras, asistencia contable y utilización de terceros para registrar bienes y movimientos económicos.

Entre los activos que aparecen en el expediente figuran las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, las sociedades Kank y Costilla y Austral Agro, propiedades en El Calafate y unidades del edificio Koonek. Algunas de esas propiedades ya figuran a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Otro elemento llamativo fue el hallazgo de una hoja incautada durante el allanamiento de su celda, encabezada con el título «EL CLAN», en la que Báez había anotado nombres de personas que, según la fiscalía, integraban la estructura.

El nexo con una organización dedicada al narcotráfico

La investigación por lavado de activos tiene un punto de conexión con otra causa que analiza el funcionamiento de una presunta organización dedicada al tráfico de cocaína en Santa Cruz.

Según la acusación, esa estructura habría comercializado aproximadamente 60 kilos de cocaína desde diciembre de 2025, utilizando camiones de una empresa transportista para trasladar la droga y un lavadero y lubricentro como parte de su circuito de distribución y operaciones.

Uno de los hombres señalados como operador territorial de Báez también fue identificado por los investigadores como presunto jefe de la organización narcocriminal.

La fiscalía sostiene que existía un vínculo operativo entre ambas estructuras y que algunos de los involucrados utilizaban cuentas bancarias, billeteras virtuales y bienes registrados a nombre de terceros para introducir dinero de origen ilícito en el circuito formal.

La investigación por narcotráfico fue, precisamente, el punto de partida que permitió detectar las conexiones económicas con el entorno del empresario.

Un operativo en Ezeiza permitió avanzar sobre la investigación

Uno de los episodios que impulsó el avance de la causa ocurrió el 9 de noviembre, cuando tres personas vinculadas al entorno de Báez fueron interceptadas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de abordar un vuelo hacia Buenos Aires.

En el equipaje, los investigadores encontraron el pasaporte del empresario, teléfonos celulares, seis tarjetas SIM, divisas, tarjetas bancarias con sus claves anotadas, un disco rígido externo y documentación relacionada con rendiciones de cuentas y proveedores.

A partir de esos hallazgos y de otros movimientos considerados sospechosos, se realizaron 18 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate, establecimientos rurales de Santa Cruz y la celda que Báez ocupa en el penal de Ezeiza.

Las medidas permitieron secuestrar documentación, dispositivos electrónicos, vehículos y otros elementos que ahora forman parte del análisis judicial.

Qué delitos investiga la Justicia

La imputación contra Báez contempla, de manera provisoria, los delitos de lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.

La fiscalía busca establecer cómo se administraban los bienes alcanzados por las condenas del empresario, quiénes intervenían en las operaciones y de qué manera se habrían utilizado distintas estructuras para mantener su explotación económica.

También se dispuso el embargo preventivo de los vehículos secuestrados y la ampliación del levantamiento del secreto bancario y financiero de los investigados.

La nueva investigación abre otro frente judicial para Lázaro Báez, condenado en las causas Vialidad y Ruta del Dinero K. Ahora, los fiscales intentan determinar si, pese a estar preso y a las restricciones patrimoniales impuestas por la Justicia, continuó manejando negocios y activos a través de una red de colaboradores que también habría tenido conexiones con el narcotráfico.