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Una senadora bonaerense de La Libertad Avanza presentó un proyecto para eliminar el costo de obtención y renovación de las licencias profesionales que necesitan trabajadores de servicios esenciales. Desde el Gobierno provincial remarcan que los nuevos costos derivan de un cambio dispuesto por Nación.
Licencias profesionales en debate
El costo de las licencias profesionales de conducir abrió un nuevo frente de discusión en la provincia de Buenos Aires. La senadora bonaerense de La Libertad Avanza Analía Balaudo presentó un proyecto para que policías, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil y trabajadores de los servicios públicos de emergencia sanitaria y traslado de pacientes puedan obtener o renovar estas habilitaciones sin costo, siempre que las necesiten para cumplir sus funciones.
La iniciativa busca poner el foco en una situación particular: quienes utilizan una licencia profesional para trabajar por cuenta propia o desarrollar una actividad comercial y quienes necesitan esa habilitación para prestar un servicio esencial a la comunidad.
El pedido apunta a que el Gobierno de Axel Kicillof adopte las medidas necesarias para que el trámite de obtención o renovación de las licencias profesionales no tenga costo para los integrantes activos de esos servicios.
El planteo alcanza a quienes deben contar con las licencias profesionales clases C, D y E, cuyo nuevo esquema comenzó a implementarse en territorio bonaerense en julio.
Según Balaudo, el cambio impacta sobre unos 680.000 conductores profesionales de la provincia.
La legisladora sostiene que elevar los requisitos para conducir vehículos de carga, transporte de pasajeros o unidades de emergencia puede ser razonable, pero cuestiona que el incremento de los costos termine convirtiéndose en una barrera para trabajadores que cumplen tareas de utilidad pública.
“Lo que no admite justificación es la magnitud del incremento”, sostuvo Balaudo al fundamentar su iniciativa.
El proyecto presentado en el Senado no es el primero que plantea la gratuidad de las licencias profesionales para personal esencial.
En julio, diputados bonaerenses de La Libertad Avanza habían presentado una iniciativa similar. En ese caso, la propuesta contemplaba una exención más amplia: además de la licencia, buscaba eliminar tasas, aranceles, certificaciones, estudios psicofísicos, cursos, evaluaciones y exámenes vinculados con el trámite.
La gratuidad, según aquel proyecto, no implicaría bajar las exigencias de seguridad. Los beneficiarios deberían continuar acreditando capacitación, idoneidad, aptitud psicofísica y superar las evaluaciones teóricas y prácticas correspondientes.
El reclamo también abrió una discusión sobre quién estableció el nuevo esquema para las licencias profesionales.
Desde el Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci, aclararon que los cambios no fueron definidos por la administración provincial.
Según la explicación oficial, el nuevo sistema surge de la reforma implementada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 196/2025, que eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional como trámite y credencial independiente.
A partir de esa modificación, el transporte interjurisdiccional comenzó a habilitarse mediante las licencias nacionales de conducir profesionales C, D y E, cuya emisión realizan las provincias adheridas al convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Las evaluaciones psicofísicas, capacitaciones y exámenes teórico-prácticos, en tanto, deben realizarse mediante prestadores registrados y habilitados por la autoridad nacional.
El Ministerio de Transporte bonaerense también cuestionó que se atribuyan a la Provincia los valores de esas prestaciones.
Según explicaron desde el entorno de Marinucci, el esquema nacional no establece una tarifa de referencia y los precios de las evaluaciones son fijados y cobrados directamente por cada prestador habilitado.
Por ese motivo, sostienen que ni el Gobierno bonaerense ni los Centros de Emisión de Licencias municipales intervienen económicamente en esos cobros.
El debate queda así planteado en dos planos: por un lado, la propuesta de eximir del pago a quienes trabajan en servicios esenciales; por otro, la discusión sobre el origen del nuevo esquema y de los costos que generaron el reclamo.
Mientras el proyecto comienza su recorrido legislativo en el Senado bonaerense, el punto central será determinar si quienes necesitan una licencia profesional para responder ante una emergencia deben afrontar el mismo costo que un conductor que la utiliza con fines comerciales.
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