Nueva semana de paro universitario: Docentes redoblan la presión por la Ley de Financiamiento

El conflicto universitario suma un nuevo capítulo en Argentina. Luego de la masiva movilización realizada días atrás en distintos puntos del país, la CONADU anunció una nueva semana de paro docente que se desarrollará entre el martes 26 y el viernes 29 de mayo, en reclamo por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida impactará en numerosas universidades nacionales, incluidas varias sedes de la provincia de Buenos Aires, donde gremios docentes ya confirmaron su adhesión a la protesta.

Según informó la federación, durante esos días también habrá clases públicas, protestas callejeras y actividades de visibilización en distintos campus universitarios del país.

Reclamo por salarios y presupuesto universitario

Desde CONADU sostienen que el sistema universitario atraviesa una situación crítica producto del fuerte ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno nacional.

En un comunicado difundido durante la última marcha federal universitaria, los gremios denunciaron que las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, afectando el funcionamiento académico, científico y administrativo de las casas de estudio.

Además, remarcaron que la Ley de Financiamiento Universitario continúa sin aplicarse plenamente, pese a haber sido ratificada por el Congreso incluso después del veto presidencial impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Uno de los puntos centrales del reclamo es el artículo 5 de la normativa, que obliga al Ejecutivo nacional a recomponer los salarios docentes y no docentes tomando como referencia la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

Qué universidades adhieren al paro

La medida será acompañada por sindicatos nucleados en CONADU en distintos puntos del país, entre ellos:

• ADULP (La Plata)
• ADIUNQ (Quilmes)
• ADUM (Mar del Plata)
• ADUPAZ (José C. Paz)
• ADUNOBA (Universidad Nacional del Noroeste bonaerense)

La protesta podría afectar el normal dictado de clases, actividades administrativas y exámenes en numerosas facultades.

El Gobierno insiste con el argumento fiscal

Desde la administración nacional argumentan que la ley presenta problemas de financiamiento, ya que no establece de manera específica de qué partidas deberían salir los fondos necesarios para garantizar su cumplimiento.

Según sostienen desde el oficialismo, la implementación total de la normativa podría generar un “grave e irreparable perjuicio al Estado” y comprometer el objetivo de equilibrio fiscal que impulsa el Gobierno.

Sin embargo, recientemente la Cámara Nacional de Apelaciones ordenó avanzar con la aplicación de los artículos centrales de la ley, vinculados a la recomposición salarial y presupuestaria de las universidades nacionales.

Mientras tanto, el conflicto sigue escalando y amenaza con profundizar la tensión entre el Gobierno y la comunidad universitaria en las próximas semanas.