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El oficialismo busca acordar con el PRO, la UCR y otros bloques modificaciones al capítulo de discapacidad del proyecto de Presupuesto 2027. El Gobierno analiza una nueva fórmula para actualizar los aranceles de las prestaciones y cambios en las pensiones no contributivas, mientras la renuncia de Alejandro Vilches suma tensión a la discusión.
Alejandro Vilches
La discusión por el Presupuesto 2027 abrió un nuevo frente para el Gobierno: el capítulo referido a discapacidad, que generó objeciones de sectores de la oposición dialoguista y obligó al oficialismo a sentarse a negociar modificaciones antes de avanzar con el proyecto en el Congreso.
En paralelo, Alejandro Vilches presentó su renuncia como secretario nacional de Discapacidad, una salida que se produjo en medio de esta discusión. El funcionario argumentó públicamente “razones estrictamente personales”, mientras su alejamiento se conoció pocos días después de la presentación del proyecto de Presupuesto.
La Libertad Avanza comenzó así a trabajar junto con sus aliados en un nuevo esquema para el área, con el objetivo de alcanzar los consensos parlamentarios necesarios.
Uno de los puntos más sensibles es el mecanismo de actualización de los valores que reciben los prestadores de servicios para personas con discapacidad.
El proyecto original del Ejecutivo planteaba modificaciones al sistema vigente y eliminaba el esquema de actualización automática vinculado a la inflación. Según Chequeado, la iniciativa también proponía eliminar el precio único para las prestaciones y modificar el régimen de actualización.
Ante las críticas, el oficialismo comenzó a negociar una alternativa que contemple actualizaciones periódicas de los aranceles, con una fórmula vinculada a la evolución de los precios.
La propuesta que se discute busca establecer un mecanismo que permita sostener los valores de las prestaciones frente a la inflación, aunque el contenido definitivo todavía depende de las negociaciones con los bloques aliados.
El objetivo político es evitar que el capítulo de discapacidad se convierta en un obstáculo para la aprobación del Presupuesto 2027.
El segundo gran eje está relacionado con las pensiones no contributivas por discapacidad.
El proyecto enviado por el Gobierno propone modificar los criterios para acceder a estos beneficios y reforzar los mecanismos de evaluación.
Uno de los cambios centrales consiste en que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no determine por sí solo el acceso automático a una pensión. La propuesta incorpora además otros elementos vinculados con la capacidad laboral y la situación socioeconómica de cada solicitante.
Este punto también genera diferencias entre el oficialismo y los bloques que podrían acompañar el Presupuesto.
Dentro de las conversaciones apareció además otro aspecto relevante: la posibilidad de compatibilizar una pensión no contributiva con un empleo formal.
El planteo original establecía una incompatibilidad que había generado cuestionamientos entre legisladores aliados. En las negociaciones, el oficialismo comenzó a aceptar modificaciones para permitir esa compatibilidad bajo determinadas condiciones.
El cambio forma parte de la búsqueda de un texto consensuado que pueda avanzar en Diputados.
En medio de esta discusión, Alejandro Vilches dejó la Secretaría Nacional de Discapacidad.
El funcionario presentó el lunes 21 de septiembre una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, en la que comunicó su renuncia con efecto inmediato y aseguró que obedecía a “razones estrictamente personales”. Hasta el momento de los últimos reportes, el Gobierno no había informado quién ocupará su lugar.
Vilches había llegado a la conducción del área después de desempeñarse como interventor de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad.
Su salida se produjo en un momento especialmente delicado para la política de discapacidad, cuando el Ejecutivo intenta modificar varios aspectos del régimen vigente y, al mismo tiempo, necesita garantizar el respaldo parlamentario para el Presupuesto 2027.
La discusión obligó al oficialismo a recalcular parte de su estrategia.
El proyecto original generó resistencia no solamente en la oposición, sino también entre sectores aliados que habían advertido que no acompañarían cambios que afectaran las prestaciones. Incluso dentro del oficialismo aparecieron cuestionamientos al capítulo de discapacidad.
Por eso, La Libertad Avanza negocia ahora un texto alternativo con el PRO, la UCR y bloques provinciales. La intención es alcanzar un acuerdo que permita avanzar en el Congreso sin dejar abierto uno de los principales focos de conflicto que surgieron tras la presentación del Presupuesto.
El próximo paso será parlamentario: las comisiones deberán avanzar con los dictámenes y definir qué versión del régimen de discapacidad llegará finalmente al recinto.
La discusión, por ahora, sigue abierta. Y el resultado de esas negociaciones determinará cuánto cambiará finalmente el sistema de prestaciones y pensiones por discapacidad durante 2027.
Foto: El Influencer
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