22/08/2006 - Buenos Aires - A seis años de la apertura del caso, el magistrado consideró "suficiente" la prueba reunida para que los nueve procesados en la causa se sienten en el banquillo de los acusados para ser juzgados por el delito de "cohecho", que prevé penas de hasta seis años de cárcel, informaron fuentes judiciales.
Rafecas giró el expediente al fiscal Federico Delgado, quien probablemente mañana, miércoles, pida formalmente que el caso se eleve a juicio oral, destacaron.
El juez dejó en suspenso la situación procesal del ex presidente Fernando de la Rúa, quien gobernaba el país cuando estalló el escándalo y está acusado en la causa de "cohecho activo".
Si De la Rúa (1999-2001) fuera procesado por este expediente, podrá ser sometido a un juicio oral por separado, añadieron las fuentes.
El caso se destapó con un escándalo a mediados de 2000 y marcó el principio del fin del gobierno de De la Rúa al provocar la renuncia de su vicepresidente, Carlos Alvarez, en octubre de ese año, en señal de rechazo al presunto ocultamiento de pistas para investigar a los implicados.
Los nueve procesados son Fernando De Santibañes, antiguo director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE, servicios secretos), y el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique.
También los ex senadores Remo Costanzo, José Genoud, Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Alberto Tell y Ricardo Branda, y el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, quien, tras declararse arrepentido, afirmó en diciembre del 2003 haber retirado 4,3 millones de dólares de la SIDE que se usaron para pagar los sobornos.
Al testimonio de Pontaquarto, el juez sumó para cerrar la etapa de instrucción los rastreos de llamadas telefónicas entre los encausados y las declaraciones de Sandra Montero, una antigua secretaria del ex senador Costanzo.
La mujer se presentó la semana pasada ante Rafecas, dijo haber visto que su ex jefe recibió 300.000 dólares en abril del 2000, un día después de aprobarse la ley, y sostuvo que Costanzo le comentó que era el encargado de repartir el dinero entre los senadores.
De la Rúa, quien ya fue indagado en dos ocasiones por Rafecas, ha atribuido el escándalo a una "operación política" e incluso ha escrito un libro en el que cuenta su versión de los hechos.
La ley de flexibilidad laboral, aprobada por el Senado en medio del tajante rechazo de los sindicatos, respondía a las recomendaciones incluidas en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La dimisión de Alvarez, actual presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, desembocó en una progresiva pérdida de apoyo político, que obligó a De la Rúa a abandonar el gobierno el 20 de diciembre de 2001, en medio de un estallido social y disturbios que dejaron una treintena de muertos. EFE
