Víctimas de la dictadura denuncian que Astiz viola la prisión preventiva


La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) de Argentina denunció hoy que el ex represor Alfredo Astiz viola las condiciones de su detención y concurre a un hospital militar donde ha montado una oficina propia.


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13/10/2006 - Buenos Aires - Según la organización que agrupa a víctimas de la última dictadura argentina (1976-1983), Astiz no cumple con las condiciones que le impuso la justicia al dictarle la prisión preventiva por la que supuestamente está detenido en una base naval de Zárate, 90 kilómetros de Buenos Aires.

La AEDD dijo en un comunicado que el ex capitán "concurre con asiduidad al Hospital Naval (de Buenos Aires), donde ha instalado una oficina en la que mantiene reuniones".

"Exigimos a los jueces que ordenen el inmediato traslado de todos los detenidos (por causas vinculadas al terrorismo de Estado) a establecimientos carcelarios", agregó la organización.

También solicitó al presidente argentino, Néstor Kirchner, que, "en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, informe inmediatamente a los jueces que de ahora en más no permitirá que ningún genocida sea alojado en dependencias militares".

Astiz está detenido desde el 2003 por los secuestros, torturas y desapariciones forzadas cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en la capital argentina, durante el último régimen militar.

El ex marino, requerido por jueces de España, Francia y Suecia, también es enjuiciado en ausencia en Roma por el secuestro y muerte de tres ítalo-argentinos en este país durante el último gobierno militar argentino.

Apodado "el ángel de la muerte" por asociaciones humanitarias, Astiz está además acusado por el secuestro y desaparición de varios ciudadanos extranjeros, entre ellos las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y la joven sueca Dagmar Hagelin.

Las investigaciones por violaciones a los derechos humanos fueron reabiertas después de que el Parlamento argentino anulara en el 2003 las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que beneficiaron a un millar de represores. EFE

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