Indignación por el viaje a Europa de un intendente procesado por abuso: el costo de los privilegios en Argentina

A pesar de enfrentar una causa por abuso sexual y desobediencia judicial, el intendente peronista de La Matanza, Fernando Espinoza, ha logrado el permiso de la Justicia para viajar a Barcelona, España, tras pagar una fianza de 10 millones de pesos. Esta autorización, previamente denegada por el juez Luis Alberto Schelgel debido a la falta de cumplimiento de una evaluación psiquiátrica, fue finalmente aprobada luego de que Espinoza realizara el peritaje esta semana, dando así luz verde a su salida del país.

El fallo, emitido por los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Juan Cicciaro, establece que Espinoza deberá informar su regreso al territorio nacional dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a su arribo. Esta decisión judicial ha reavivado las críticas y el desencanto social, destacando el desbalance entre quienes pueden acceder a favores judiciales y aquellos que enfrentan la rigurosidad de la ley sin posibilidad de privilegios.

Este tipo de resoluciones no es un caso aislado, sino un ejemplo de cómo el poder político y judicial puede inclinarse hacia ciertos sectores, permitiendo que causas que involucran a figuras públicas queden estancadas o terminen en la impunidad. Para muchos ciudadanos, la corrupción, el cajoneo de causas, y la lentitud en el avance de los juicios son un claro reflejo de la crisis institucional y el escaso compromiso con la transparencia. La reciente decisión de permitir el viaje del intendente ha sido percibida como una señal de privilegios intocables, algo que ha cansado a los ciudadanos de bien y ha aumentado su escepticismo hacia un sistema que parece priorizar los intereses de una casta política por encima de los valores de justicia y equidad.

La indiferencia de las autoridades en relación con estos casos no hace más que alimentar la percepción de impunidad que inunda al país, generando una profunda desilusión entre quienes, día a día, observan cómo se multiplican los escándalos de figuras públicas sin consecuencias claras. En un clima de creciente frustración, las demandas de los ciudadanos se enfocan en reclamar transparencia, y justicia, y en señalar que la ley debe ser igual para todos. Este tipo de episodios solo fortalece el deseo de cambio en la sociedad argentina, una sociedad que exige, de una vez por todas, responsabilidad y cambio real.