¿Justicia tardía o impunidad? El caso María Cash y la necesidad de cambios urgentes

El caso de María Cash, la joven diseñadora desaparecida en 2011, vuelve a ocupar los titulares tras la detención de Héctor Romero, un camionero de 71 años, acusado de “homicidio calificado por alevosía”. Según el fiscal Eduardo Villalba, Romero “actuó solo” y habría tenido contacto con María el 8 de julio de aquel año, día en que fue vista por última vez.

A pesar de las declaraciones del fiscal, quien asegura que la investigación “nunca se frenó”, resulta inevitable cuestionar la lentitud de los avances en un caso con trece años de inacción visible. Romero fue inicialmente llamado como testigo, pero nuevas pruebas lo ubican como principal sospechoso. Cámaras de seguridad y contradicciones en sus declaraciones sembraron dudas suficientes para su detención e incomunicación.

El punto crítico de la desaparición se sitúa en la rotonda del santuario de la Difunta Correa, donde Romero declaró haber dejado a María. Sin embargo, el fiscal mostró indicios que contradicen esta versión. Ahora, con la activación de rastrillajes en zonas específicas, la fiscalía busca dar con los restos de la joven, aunque los años perdidos pesan sobre los resultados que puedan surgir.

La desaparición de María Cash, que tomó un colectivo en la terminal de Retiro rumbo a Jujuy el 4 de julio de 2011, evidencia fallos estructurales en el sistema judicial argentino. ¿Cómo es posible que un caso tan resonante haya carecido de avances significativos por más de una década? Su último rastro, captado por una cámara en la ruta 34, a 6 kilómetros de Salta, dejó un vacío que hasta ahora sigue sin llenarse.

Este giro en la investigación no solo señala al sospechoso, sino que plantea una reflexión necesaria sobre la incapacidad del sistema judicial para actuar con celeridad y efectividad en casos de desapariciones y delitos graves.