La campaña reúne a afiliados de distintos municipios bonaerenses que denuncian demoras, interrupciones de tratamientos, problemas con medicamentos, traslados e internaciones. El reclamo pone especial énfasis en las personas con discapacidad y en las familias que dependen de la obra social para sostener terapias y prestaciones esenciales.
Afiliados de IOMA iniciaron una campaña de firmas para pedir la intervención de la obra social bonaerense ante las dificultades que, según denuncian, atraviesan para acceder a tratamientos, medicamentos, estudios, internaciones y traslados.
La iniciativa reúne a usuarios de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y surgió a partir de reclamos individuales que, según los impulsores, comenzaron a repetirse en diferentes municipios.
El objetivo es convertir esas situaciones particulares en un reclamo colectivo y solicitar medidas que permitan garantizar el acceso a las prestaciones.
“No tenemos una única voz ni una representación individual: nos representamos entre todos”, señalaron los afiliados que impulsan la campaña.
Según indicaron, la petición ya superó las 900 firmas y busca extenderse a la mayor cantidad posible de municipios bonaerenses.
Los afiliados enumeraron distintas situaciones que, de acuerdo con sus testimonios, afectan la atención de los beneficiarios de la obra social.
Entre los problemas señalados aparecen:
Para los impulsores de la campaña, detrás de cada demora existe una situación familiar concreta que puede afectar la continuidad de un tratamiento.
“La salud no puede esperar”, remarcaron en el documento que acompaña el pedido de intervención.
Uno de los ejes centrales de la protesta está relacionado con las personas con discapacidad, debido a la necesidad de sostener tratamientos y terapias de manera continua.
Los afiliados sostienen que las dificultades administrativas y los retrasos en los pagos también terminan repercutiendo sobre los profesionales que brindan esas prestaciones.
“Somos madres, padres, cuidadores, personas con discapacidad y afiliados que dependemos de la obra social para garantizar el acceso a la salud, a los tratamientos, terapias y prestaciones que necesitamos para llevar una vida digna”, expresaron.
La situación, según plantean, puede generar un efecto en cadena: cuando un prestador deja de trabajar con IOMA o se demora su pago, una familia puede quedar sin una prestación que necesita para continuar un tratamiento.
Entre los testimonios difundidos aparece el de Karina Agugliaro, una madre que relató las dificultades que enfrenta para sostener las terapias y el acompañamiento de su hijo.
Según explicó, cuenta con un amparo contra IOMA iniciado en 2011, que posteriormente fue ampliado en 2023 para contemplar las terapias y los acompañantes terapéuticos.
Agugliaro afirmó que las actas correspondientes al período anual son autorizadas, pero que desde abril los profesionales que trabajan con su hijo no habrían recibido sus pagos, situación que, según sostuvo, termina afectando la continuidad del tratamiento.
La afiliada también señaló que recibió una comunicación de la sede central de IOMA en la que se le informó que las actas serían abonadas al denominado “valor IOMA”.
De acuerdo con su testimonio, esa modalidad entraría en conflicto con una sentencia judicial firme que contempla otros valores para las prestaciones.
“Este es mi caso, pero no soy yo sola. Somos muchas mamás y muchos padres que estamos en la misma situación”, afirmó.
La problemática también alcanza a los acompañantes terapéuticos, un sector que viene reclamando mejores condiciones laborales y el reconocimiento de su actividad dentro del sistema de prestaciones para personas con discapacidad.
Desde la Asamblea de Acompañantes Terapéuticos en Lucha manifestaron que siguen de cerca la campaña de los afiliados y señalaron que comparten parte de las dificultades vinculadas con IOMA.
Su representante, Matías Trebucq, afirmó que el sector enfrenta atrasos en los pagos y problemas con el sistema Token utilizado para regularizar las prestaciones.
Según relató, hace más de un año realizaron una protesta frente a la sede de IOMA y recibieron el compromiso de que el nuevo sistema permitiría agilizar los pagos.
Trebucq sostuvo que, pese al tiempo transcurrido, los retrasos continúan.
En paralelo al conflicto con IOMA, los acompañantes terapéuticos mantienen otro reclamo: la aprobación de una ley provincial que regule la actividad.
El proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y aguarda tratamiento en el Senado provincial.
Desde la Asamblea consideran que la normativa permitiría establecer un marco para el ejercicio profesional y fortalecer la posición de los trabajadores a la hora de discutir honorarios, condiciones laborales y reconocimiento dentro del nomenclador de discapacidad.
Trebucq advirtió que, si el proyecto no es tratado durante el período correspondiente, podría perder estado parlamentario nuevamente.
“Nosotros la necesitamos para poder exigir, a partir de una plena implementación, mejores aranceles, entrar al nomenclador único de discapacidad y tener derechos laborales en todos los lugares donde trabajamos”, explicó.
El reclamo de los afiliados apunta ahora a ampliar la cantidad de firmas y reunir testimonios provenientes de distintos municipios de la provincia.
La consigna que atraviesa la campaña es que ningún afiliado tenga que enfrentar en soledad una demora o una interrupción de una prestación de salud.
Mientras la petición busca sumar adhesiones, los testimonios también ponen el foco en un problema que excede a los pacientes: los retrasos en las prestaciones impactan sobre las familias y sobre los profesionales que sostienen los tratamientos.
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